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Según reza una frase muy popular en el país azteca, no hay un solo México, sino dos.

La mitad norte del país, los estados fronterizos con Estados Unidos y la región del Bajío, al sur de ellos, es el México "norteamericano", un área de gran productividad, de rápido crecimiento y mayores niveles de inversión extranjera. Al sur se encuentra el corazón del país: el México "centroamericano", una región más verde, más orientada hacia la agricultura que hacia la actividad industrial, donde se encuentran nueve de los 10 estados con mayor incidencia de pobreza extrema.

Durante décadas, los sucesivos gobiernos han debatido sobre cómo conseguir una mayor inversión en el sur y, de este modo, lograr que "ambos México" se tornen más parecidos, con menos diferencias socioeconómicas. El actual timón político del país piensa que tiene una respuesta: crear zonas económicas especiales.

Las zonas económicas especiales son áreas geográficamente definidas y que disfrutan de reducción de impuestos o poseen una regulación menos exigente que el resto del país. La intención es promover la inversión en zonas desfavorecidas mediante incentivos que podrían ser prohibitivos, impopulares o innecesarios si son aplicados a nivel nacional. Utilizadas por primera vez en Irlanda, en 1959, ahora existen más de 4.300 zonas económicas especiales en todo el mundo.

Aproximadamente la mitad, de acuerdo con Abraham Zamora, de Banobras, un banco estatal de desarrollo, ha tenido éxito. En qué mitad caerá México no está todavía claro.

La ley que crea las zonas fue promulgada a finales de mayo y debería entrar en funcionamiento en el 2018.

"Ellas, las zonas económicas especiales, sin duda, constituyen un hito en las políticas públicas para mitigar la pobreza y la desigualdad", dijo el presidente Enrique Peña Nieto, un poco prematuramente.

Las tres primeras zonas están destinadas a beneficiar a cinco estados diferentes. Uno de ellos es un corredor de tierra que se extiende entre Coatzacoalcos, en Veracruz, y Salina Cruz, en Oaxaca, a través del istmo de Tehuantepec, la parte más estrecha de México. Esto puede producir una nueva ruta para las empresas que necesitan trasladar mercancías entre el Golfo de México y el océano Pacífico. Las otras están vinculadas tanto a puertos ya existentes en el Pacífico: Puerto Chiapas, en el estado de Chiapas, cerca de la frontera con Guatemala, y Lázaro Cárdenas, en la frontera entre los estados del suroeste de Michoacán y Guerrero.

Operadores privados administrarán las zonas bajo contratos a 40 años, gerenciando la infraestructura y la contratación de los concesionarios. Una de sus prioridades será la de encontrar operadores de prestigio, capaces de atraer a otros ocupantes a la zona, como, por ejemplo, proveedores.

Las zonas económicas exitosas tienden a sacar provecho de los puntos fuertes de la economía local. Por ejemplo, la inclinación agrícola de la región alrededor de Puerto Chiapas puede estimular las inversiones en la agroindustria. En general, sin embargo, las zonas deben ofrecer tres tentaciones a los posibles inversores: ventajas impositivas (como una zona libre de impuestos, exenciones o deducciones impositivas, o crédito fiscal) buena infraestructura y una fuerza de trabajo adecuada.

Al poner dos de las zonas en puertos existentes, o, posiblemente, junto a ellos, el gobierno mexicano está al menos tratando de asegurar que la infraestructura será un problema menor. Esas zonas no deben ser frenadas por el aislamiento que ha acosado esquemas similares en otros lugares.

Las ventajas impositivas pueden ser un problema. Las zonas económicas especiales tienen que ser especiales, después de todo, bromeó Gerardo Corrochano, del Banco Mundial.

México se beneficiará de una amplia exención del impuesto sobre el valor agregado, que es del 16% en el resto del país. Eso debería incentivar a las empresas, no solo a operar en esas zonas, sino también a aquellos que quieran venderles servicios. Sin embargo, los regímenes de ingresos fiscales y aduaneros son todavía nebulosos. Otra preocupación es que algunos incentivos podrían ser eliminados después de solo ocho años.

Sin mayor claridad sobre los impuestos, el abogado Emilio Arteaga –especializado en comercio– dijo que es difícil ser optimista acerca de las zonas.

México siempre ha hecho uso astuto de los recortes impositivos para estimular el desarrollo. Su régimen de maquila, establecida en la década de 1960, permite a las empresas importar –libre de impuestos– materiales para fabricación o reparación, siempre y cuando vuelvan a exportar el producto acabado. Estas fábricas han sido capaces de aprovechar como mano de obra a los agricultores desempleados del país. La ubicación de la inmensa mayoría de ellos, cerca de la frontera con Estados Unidos, ayuda a minimizar los costos de transporte. Entre 1980 y el 2000, el comercio internacional creció del 11% al 32% dentro del PIB mexicano, gracias a estas industrias.

Las nuevas zonas económicas especiales, sin embargo, ofrecen un modelo de negocio menos convincente. El gobierno quiere usarlos para reducir la pobreza en la región, pero los inversores están más preocupados por el retorno de su inversión. Hacer que ambas cosas sean factibles, depende de la capacidad del Ministerio de Hacienda de implementar un régimen fiscal atractivo y convincente.