Orlando Pereira de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay, manifestó en una entrevista con La Nación Digital, que las compañías están abiertas a analizar el proyecto de Ley "De obligatoriedad a las empresas de telefonías celulares a realizar bloqueos de equipos terminales móviles celulares (ETM) robados, hurtados o extraviados a través de su sistema internacional para la identidad de equipos móviles (IMEI)".

Este proyecto pretende "obligar", según el diputado Edgar Acosta, a las empresas de telefonía para que - independientemente a que se hayan comprado o no de la misma compañía - bloqueen los aparatos robados.

"Investigué y había sido, las compañías telefónicas bloquean el aparato denunciado como robado, solo si compraste de ellos. Si vos te vas a una de las cuatro operadoras porque se te roba el teléfono, ellos tiene la posibilidad de acceder al identificador único IMEI, que es irrepetible. Esa es una forma de que ellos gracias a su sistema, al poner ese número de IMEI, bloquean y el aparato muere, no se enciende", explicó el diputado liberal Edgar Acosta, en contacto con la 970 AM al hablar sobre el proyecto de Ley.

Según Acosta, esto se traduciría en la disminución de robos, ya que desalentaría a los delincuentes.

"Robar no va a ser ningún incentivo más después, porque el que compre de buena fe - aunque yo no creo que se compre de buena fe un aparato cuesta 1 millón y medio, 2 millones y te venden por 200 - si uno es responsable tiene que estar pensando que eso le costó a alguien sangre inclusive y por qué no la muerte".

Está previsto que la CONATEL, sea la institución encargada de este proyecto y lleve un control efectivo, debido a que ya tiene leyes establecidas para casos en que las compañías telefónicas que no cumplan, tengan sus penalidades.

"Con esta Ley, la persona que se acerque y quiera habilitar una línea, tiene que llevar dicho aparato. No es más que te acercas, comprás el chip y sólo con tu fotocopia de cédula te habilitan. Se deberá llevar el aparato, registrar el IMEI, y ahí la empresa telefónica tiene que remitir los antecedentes a la fiscalía para que hagan las consultas pertinentes".

Se espera que con esta Ley, no solamente disminuyan los robos, sino también se persiga y castigue a los que se dedican a esto. "Porque me han contado que hay una organización que se dedica a esto. No termina en el tema de los ciudadanos que de repente roban en la calle, sino es un negocio redondo con una organización atrás. Tiene que haber también una persecución penal a más de lo administrativo; Conatel tiene que dar una penalidad también a la compañía telefónica, y éstas tienen que saber que la fiscalía va a estar encima de ellos si es que no cumplen", agregó el legislador.

Actualmente, esta Ley está en espera a ser promulgada por el Poder Ejecutivo. "La gente dirá es una ley más, yo creo que efectivamente va a ayudar porque en esta materia no había nada. Una vez promulgada por el ejecutivo, espero que Horacio Manuel Cartes Jara promulgue, entienda que es una herramienta importante, no hay que ser pesimistas, algo tenemos que hacer", enfatizó Acosta.

Sobre las compañías telefónicas, el diputado Edgar Acosta afirmó que lo que quieren ante todo, es ganar dinero. "Las empresas privadas perciben el lucro, lo que quieren es ganar dinero, a eso se dedican ellos y está bien. Ellos quieren tener más cantidad de clientes, pero no están analizando de dónde viene el aparato al cual se le está poniendo un chip, para ellos es un cliente más".

Orlando Pereira -de la Cámara de Operadores Móviles- manifestó que si la ley es promulgada van a cumplirla, pero insistió en que antes deben tener fundamentos más acertados para querer implementarlas.

"En primer lugar la Cámara de Operadores siempre ayudará a los temas que hagan al aumento de la seguridad por cualquiera de los métodos que existan, ahora bien, en este caso si la Ley determina algunos puntos, como el pedido de una base de datos de clientes por ejemplo, entonces hay que tener en cuenta cómo implemetar, yo creo que siempre se va a encontrar una manera de llegar a un punto en donde sea factible ejecutar lo que dice la Ley", remarcó Pereira.

Según el experto en telecomunicaciones, existen muchas cuestiones técnicas operativas que tendrán que verificar.

"Tenemos que realmente trabajar en conjunto. Por un lado, a nivel de las personas, el cliente final, la ciudadanía en general tienen el derecho de adquirir un teléfono en la forma más directa posible. Yo me estoy ubicando por ejemplo en el confín del país, donde hay personas que necesitan. Hay un plan general a nivel mundial también para que la gente se conecte. Para conectarse se necesita un terminal; estos terminales en general - y yo le puedo asegurar con conocimiento de causa – tienen en la aduana paraguaya los registros de importación, a lo que voy es que la aduana también tiene que poner su parte digamos, en controlar la forma que ingresa todo al país", afirmó.

La Fiscalía y sus organismos de seguridad, deben también colaborar fuertemente en combatir aquellos lugares y puntos donde se comercializan este tipo de equipos que no están cumpliendo o que tengan sospechas de ser irregulares.

"Entonces hay que ir a la fuente, existe ese tráfico de terminales robados porque existen puntos donde se pueden vender libremente. Y también ver cómo se robó el teléfono, cómo se apoderan de esos teléfonos y después tiene que ir a algún lado a ser vendidos. Las compañías no pueden llegar hasta esos puntos.

El especialista afirmó además que la fiscalía podría colaborar en lugar de poner restricciones a la adquisición por parte del cliente final. "Podría colaborar más, buscando estos lugares que se conocen públicamente, todos saben, las galerías que están por ahí, eso también digo que se podría hacer, todo suma. Nosotros tenemos la posición de colaborar en donde realmente se tenga un efecto".

Técnicamente, Orlando Pereira explica que el simple bloqueo del IMEI no ayudará totalmente, "porque nosotros tenemos muchas experiencias también preguntando y viendo cómo hacerlo y lo que pasa es que al final el problema no se resuelve del todo con eso. El número de IMEI, no es un número infalible, sólo está almacenado en un punto dentro de un dispositivo, que incluso con algunas tecnologías se pueden modificar".

Este proyecto todavía debe ser analizado por la compañías telefónicas, puesto que actualmente hay leyes establecidas, mecanismos de seguridad del principal contralor que es Conatel, con los que se pueden trabajar desde otros sentidos, para mejorar la situación de robos y posterior venta de aparatos celulares.

"Habría que buscarle a este proyecto algunas vueltas más, se está hablando de la base de datos regional, yo creo que al final vamos a tener la base de datos, simplemente que los mecanismos con los cuales construimos esa base de datos, tienen que frenar no solamente el robo", afirmó.

"Si la venta de terminales ya tiene una ley para pagar impuestos y cumplir ciertos requisitos para entrar al país, como ser homologados para ser vendidos, entonces ¿qué pasa?, nosotros cumplimos todo, ¿pero los organismos de control?. Ellos son los que tienen que actuar entonces, el organismo de control para la venta y el comercio no es la operadora telefónica ni el organismo regulador Conatel, es el ministerio de industria y la aduana, por ejemplo."

Además sostuvo que si la fiscalía se involucra en el cumplimiento de esta Ley, los fiscales se dedicarían a realizar registros de teléfono mientras dejan de lado otras investigaciones más importantes. "Imagínense que con la infraestructura que quieren implementar, vamos a tener a fiscales que en vez de investigar robos, otras cosas, ¿estarán haciendo registros de teléfonos?", se cuestionó Pereira.

"Yo no quiero desacreditar la idea, sino simplemente poner a consideración que el organismo (la fiscalía), tiene una tarea específica, ya que si se escribe en la Ley una como esa, tendría que existir un mostrador y parte de su presupuesto dedicado a controlar teléfonos. Cosa que no correspondería", enfatizó Pereira.

Ante el cuestionamiento de si las ventas de sim cards en las compañías telefónicas se verían afectadas, el secretario de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay respondió que, "en caso extremo de que las condiciones ya no sean factibles, en caso de que la Ley implique condiciones que ya no permitan esa actividad dentro de las operadoras, se dejará de comercializar. Pero es el extremo y no estamos en el extremo en este momento".

"La adquisición de terminales para empresas siempre es un tema bastante complejo, no en el sentido de vender más o menos simplemente, es el beneficio para el cliente final. Nuestro objetivo es que tenga una forma accesible para tener un teléfono, entonces a lo que voy es si se aumentan algunos criterios - que no precisamente van a resolver el tema que en verdad se quiere resolver - tendría un efecto colateral, una disminución. Tenemos casos reales de muchos compatriotas que viven en el exterior, tenemos dos millones de personas que viven afuera y envían a sus parientes de regalo, otros compran por e-bay. El cliente final busca la forma de conseguir su tablet, su teléfono, hay una infinidad de formas", expresó.

"A lo que voy es que no hay que ponerle barreras a este tipo de cosas, no hay que cortarle al cliente final la posibilidad de que su pariente le envíe de algún lado o que lo consiga comprando por comercio electrónico. Estamos haciendo un retroceso en ese sentido y no quiere decir que con eso vamos a disminuir la venta de terminales robados".

De aprobarse este Proyecto de Ley, los nuevos requisitos se tendrán que aplicar también a los diversos procesos de adquisición mencionados por Orlando Pereira, como ser el ingreso de dispositivos de otros países en concepto de obsequios personales o por medio de compras electrónicas.

"Las compañías tenemos mucha información que aportar en ese sentido y al mismo tiempo, tenemos el mismo objetivo que es colaborar con la seguridad en este ámbito", dijo Pereira.

Actualmente, la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay seguirá analizando en reuniones con las comisiones técnicas, los beneficios y desventajas de este Proyecto de Ley. "Seguiremos trabajando con las comisiones técnicas de la Cámara de Diputados, para seguir afinando esta Ley y esa es la posición actual. Aportamos todo lo que tenemos al respecto y veremos detalles para ir logrando una redacción final de la Ley, si es que deciden sacarla", añadió finalmente.