Directivos de Autores Paraguayos Asociados (APA), que sigue suspendida por el Gobierno paraguayo, persisten en la negativa de presentar sus documentaciones al proceso de fiscalización de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), contemplada en la Ley 1.328 de Derecho de Autor, y que fuera respaldada por el fallo del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, del 4 de mayo del 2016.

El fiscalizador de Dinapi, Ricardo Gavilán se presentó ayer en APA para buscar los documentos solicitados el pasado 2 de junio, a fin de proseguir con los trabajos de verificación administrativa de los últimos cinco ejercicios de la entidad de gestión; sin embargo, los representantes de APA nuevamente se resistieron, negaron la documentación, y que se hicieran copias. "Esta asesoría ha dictaminado que los documentos no van a salir de acá porque no están autorizados", argumentó Rubén Ayala, abogado de APA, en un registro audiovisual, cuya autoridad dijo estar "sustentada en elecciones extraordinarias aprobadas por el directorio", y amenazó a los funcionarios públicos: "les vamos a denunciar por desacato".

Gavilán explicó sobre la fiscalización al presidente de APA, Alcides Roa: "Uno solamente puede manifestar lo que puede probar", y le recordó los alcances del fallo judicial, que permite a Dinapi recurrir a la fuerza policial.