Por Enrique Vargas Peña
El 1 de agosto del 2004 se incendió el supermercado Ycuá Bolaños "Botánico", causando la muerte a 396 personas en lo que es, hasta ahora, la mayor tragedia civil de nuestra historia.
Las investigaciones sobre el siniestro permitieron a la sociedad paraguaya entender a cabalidad cómo funcionan nuestros municipios en particular y, sobre todo, el sector público en general, en nuestro país.
En efecto, los propietarios del supermercado habían presentado los planos con el fin de obtener la habilitación de la obra a la dirección respectiva de la municipalidad de Asunción, la cual se limitó a verificar la corrección formal de los documentos, sin jamás indagar los detalles técnicos del cielorraso ni la de los ductos de ventilación de la cocina del patio de comidas.
Luego de inaugurado en esas condiciones el supermercado, fue visitado tres veces por "inspectores" municipales que debían verificar el correcto funcionamiento de todas las instalaciones, pero se limitaron a hacer firmar las planillas que certificaban las visitas sin jamás haber revisado los mencionados cielorraso ni ductos.
El sector público paraguayo le "garantizaba" a los clientes del supermercado Ycuá Bolaños "Botánico", mediante todos esos documentos, habilitación y certificaciones, que el lugar era seguro.
Pero los ductos y el cielorraso formaron la bomba de tiempo que estalló aquel fatídico 1 de agosto del 2004.
Ese día, al precio de 396 vidas, la sociedad paraguaya constató de un modo incontrovertible y trágico, que el sector público paraguayo era una estafa cuyo único propósito era recaudar dinero para pagar los salarios de sus incompetentes y deshonestos integrantes.
Muchos creímos entonces que tan alto precio obligaría a los delincuentes que pueblan dicho sector público a enmendarse, pero lo cierto es que, con excepción algunos pequeños y aislados hechos, el sector público sigue estafando hoy como en los días previos a la tragedia de Ycuá Bolaños "Botánico" y lo prueba más allá de toda duda razonable el incendio, el pasado viernes 10 de junio, ocurrido en la cárcel de Tacumbú, con el saldo de seis fallecidos.
Desde el 2 de agosto del 2004, ciertamente, la municipalidad de Asunción exige la presentación de planos de prevención de incendios de forma mucho más rigurosa que antes de esa fecha, aunque las instituciones del Estado sean exigidas con una laxitud que ahora mostró su costo.
Me decía Carlos Halke, director de prevención de incendios de la municipalidad de Asunción, ese mismo viernes en la 9.70AM, que la cárcel de Tacumbú carece de planos presentados, no ya aprobados, sino siquiera presentados en la municipalidad y que las autoridades penitenciarias alegaron "motivos de seguridad" para no presentar los planos. Aclaro que Halke no pudo precisarme cuándo ocurrió la alegación de "motivos de seguridad" por no tener el expediente a la vista.
Voy a usar las cifras que mencionó ayer Andrés Colman Gutiérrez en su artículo de Ultima Hora: "La Penitenciaría de Tacumbú, con capacidad para 1.687 reclusos, tiene en realidad 3.483, según estadísticas del MNP. Es decir, aloja al triple de su capacidad (…) el 80% de los presos sin condena" (http://bit.ly/1UrQcYx). La propia ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, conocía la situación (http://bit.ly/1OhTLEc).
En Tacumbú el Estado debía garantizar la seguridad, la integridad y la vida de esas casi tres mil quinientas personas que están bajo su custodia, bajo su cuidado, bajo su responsabilidad, y no lo hizo.
Y no lo hizo porque no solamente desobedeció las normas legales vigentes desde el 2 de agosto de 2004 para la prevención de incendios sino porque tampoco tomó en cuenta las advertencias que se le hicieron sobre la posibilidad de que suceda lo que finalmente sucedió (http://bit.ly/1U17Lz3) (http://bit.ly/1XfkqEd).
Es decir, el Estado no cumplió las normas legales, como si fuera una especie de Luis XIV no obligado por ellas, ni tuvo el sentido común de atender las advertencias derivadas de la experiencia.
Pero en nuestra República del Paraguay el Estado no es Luis XIV. El Artículo 106 de nuestra Constitución aclara perfectamente que "Ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del Estado, con derecho de éste a repetir el pago de lo que llegase a abandonar en tal concepto".
Las sórdidas trapisondas con las que funcionarios anteriores lograron impunidad no generan derechos, ni jurisprudencia, ni elemento alguno que permita a los actuales funcionarios escudarse en lo que ocurría antes para justificar su propio incumplimiento de las normas.
Todos los ministros de Justicia desde 2004 en adelante, todos los directores de institutos penales y todos los directores de Tacumbú tienen que dar explicaciones sobre por qué no obedecieron las normas y, eventualmente, ser procesados penalmente.
Pero la cadena de responsabilidades actual es más simple: La ministra Bacigalupo, el director de Institutos Penales Artemio Vera y el director del penal de Tacumbú Luis Barreto.
Si la ministra puede probar que dio instrucciones para el cumplimiento de las normas quedaría exonerada y pasaría al primer lugar el señor Vera quien, a su vez, si puede probar que dio instrucciones a Barreto, dejaría a este el primer lugar de las responsabilidades.
Los datos preliminares que se están publicando no son alentadores para los actuales responsables. La jueza Ana María Llanes denunció que el ministerio de Justicia recibió este año solamente más de veintiún mil millones de guaraníes para arreglo de las penitenciarías (http://bit.ly/1YgMZk0) a pesar de lo cual no se observa ninguna mejora. De hecho, los bomberos atribuyeron el incendio a la pésima red de instalaciones eléctricas (http://bit.ly/1UmtjtH) (http://bit.ly/1U0ICVt).
No logro adivinar qué tipo de excusas darán los integrantes de la cadena de responsabilidades del incendio de Tacumbú para intentar evitar las culpas, pero el hecho de que el viernes hayan organizado una misa en el lugar, con complicidad del arzobispo Edmundo Valenzuela, en vez de trabajar en aclarar sus participaciones nos da algunas pistas perversas.