El presidente de la Cámara Baja, Hugo Velázquez, junto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, Myrian Peña y Luis María Benítez Riera, participaron de una reunión interinstitucional con el objetivo de analizar la problemática del hacinamiento en las cárceles del país.

Para tal efecto, se analizó el proyecto de ley que modifica el artículo 245 del Código Procesal sobre las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, el cual refiere que siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez de oficio preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva, alguna de las alternativas como por ejemplo el arresto en su domicilio o en el de otra persona, bajo vigilancia o sin ella, la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o de una institución determinada que informará periódicamente al juez entre otros puntos.

Tanto Pucheta como la ministra de Justicia Carla Bacigalupo indicaron que el principal inconveniente que se puede observar hoy en día es el hacinamiento en las cárceles, debido a la modificación del orden penal de la violencia doméstica, que pasa a ser considerada un crimen y ya no un delito.

Otra de las iniciativas abordadas fue la propuesta que establece la implementación de los dispositivos electrónicos de control para el sistema penal, el cual tiene como finalidad instituir un régimen jurídico para la implementación del beneficio de la libertad caucionada en el ámbito penal, mediante la implementación de un "Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec)", los cuales serían implementados indistintamente en la modalidad de pulseras o tobilleras.