• Juan Carlos Baruja Fernádez (46) es ingeniero civil de profesión, con curso de especialización en Tecnología y Administración de la Construcción. Fue intendente por dos periodos en la ciudad de Paraguarí, político colorado, militante en el movimiento Honor Colorado, al inicio del Gobierno fue nombrado como ministro de Lucha Contra la Pobreza y, en enero de este año, reemplazó a Jorge Gattini al frente del MAG.

Horacio Cartes aseguró que gobernaría con técnicos, por lo menos en algunos puntos clave dentro de su gabinete, uno de esos puestos era el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que en el pasado siempre ha sido botín de la clase política. Lo que no calculó el Presidente es que ese criterio no le aseguraba buena gestión, es así que luego de dos años de gobierno, tuvo que convocar a otra persona, ante la falta de resultados, y buscó a un político con capacidad para manejar la institución. Recurrió a su asesor de Lucha Contra la Pobreza, y aliado político, quien llegado al cargo, se comprometió a no politizar la institución.

Con cinco meses en el ministerio, Baruja se siente tranquilo al mostrar sus números, asegurando que ha hecho 50% más de lo que logró en dos años Jorge Gatinni.

Recientemente lideró el proceso de negociación con los campesinos, que –acogotados por deudas impagas– sitiaron la ciudad de Asunción por tres semanas, exigiendo respuesta del Ejecutivo. Más de un mes después de levantar la medida de fuerza, en esta entrevista con La Nación, el ministro cuenta algunos avances.

-¿Cuál es el nivel de cumplimiento del acuerdo firmado el 23 de abril, el cual puso fin a las marchas campesinas en Asunción?

-De parte del Gobierno hay un ciento por ciento de cumplimiento. El acuerdo tiene dos puntos, posibilidad de resarcimiento para proyectos productivos, donde se habilitaron G. 10.000 millones, dinero que queremos empezar a ejecutar desde la segunda quincena de junio, pero hasta ahora solo dos organizaciones presentaron proyectos.

Por otro lado, se encuentra el proceso de análisis de deudas (públicas y privada) a ser reestructuradas, también hubo retraso en la entrega de las planillas, ahora iniciamos el análisis documental, y para julio se debería aplicar la rehabilitación financiera.

-¿Entonces es el sector campesino el que no se encuentra desesperado por resolver su situación?

-El Ejecutivo firmó un acuerdo con la Coordinadora Intersectorial, que tardó más de un mes de entregar su lista. La coordinadora está integrada por cuatro organizaciones: el Movimiento Agrario Popular, que entregó su lista hace diez días, mientras que las restantes: la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Organización de Cañicultores y la Coordinadora Paraguay Ñane Mba'e lo hizo recién el jueves. Es imposible que se pueda procesar toda la información en 24 horas, pido que no sea la excusa para una nueva discusión.

-¿Los datos que acercan las organizaciones son precisos, detallados, como estipula el acuerdo?

-Lastimosamente no, es lo que hace que el análisis sea mucho más largo. Algunas planillas solo llegaron con nombre, cédula de identidad y acreedor, no contamos por escrito con el monto de deuda, ni fecha de vencimiento. A pesar de esta situación, como muestra de voluntad por parte del Gobierno, nos estamos encargando de hacer esa evaluación, solo que es imposible tenerlo en una semana. Además, hay que ser muy cuidadosos, hasta lo que hemos analizado encontramos muchas personas que fueron incluidas en las planillas, pero que no entran dentro de los parámetros, por tener créditos vigentes, ser funcionarios públicos, policías, docentes, esto nos muestra también que hay algunos que quieren aprovechar la situación.

-¿Y cómo es que este sector entonces sigue hablando de poca voluntad para dar resultados? Inclusive, los dirigentes advirtieron con volver a las calles de la Capital y pedir la condonación.

-El Gobierno siempre tuvo la voluntad de cumplir, no hay que olvidar que el acuerdo también hablaba de resoluciones del Banco Central del Paraguay, además decretos, todo eso se publicó. Hace dos días les invité al Banco Nacional de Fomento para que vean cómo trabajamos para dar respuestas; parece que después de ver cómo nos organizamos, muchos reafirmaron la voluntad. Es una muestra más de que no existe interés de nuestra parte de romper el acuerdo, pero sí le reclamamos voluntad para avanzar con mayor rapidez, a fin de cuentas, en su momento dijeron que no podían seguir un día más así.

-Dirigentes admitieron que tardaron en entregar la lista, ya que no correrían muchas de ellas porque no cumplen con los parámetros de vencimientos establecidos en el acuerdo.

-Lo importante es tener la lista, luego hacer un análisis para determinar quiénes hasta la fecha cumplen con los parámetros. Y bueno, es verdad que del análisis que hicimos hasta ahora, varios no cumplen con los parámetros establecidos en el acuerdo, para ese grupo estamos viendo qué opciones ofrecer.

-¿Algunos líderes manipulan a los campesinos, tratando de que el acuerdo con el Gobierno se rompa, los pueden identificar para evitar que logren su cometido?

-Son más bien opiniones de algunos líderes mediáticos, donde sin ningún argumento salen a decir que el Gobierno no está cumpliendo su parte, eso obviamente genera una especie de desconfianza, por eso invitamos a todos la semana pasada a conocer el trabajo que estamos realizando. El jueves, con la visita al Banco Nacional de Fomento, comprendieron que en verdad estamos trabajando para dar respuestas. Igual, algunos referentes se pasan amenazando con romper el acuerdo, Elvio Benítez es uno de los que siempre tienen una posición radical, pero –por suerte– hasta ahora la mayoría logró imponer su decisión de continuar.

-El Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) logró hasta hoy reestructurar créditos a 811 clientes por un total de G. 4.372 millones.

-Sí, explico parte del proceso. Una vez identificada la deuda del productor (capital + intereses), el acuerdo estipula una exoneración de intereses moratorios y punitorios, acompañada de una reestructuración con 2 años de gracia, más 10 años de plazo para cancelar la deuda a una tasa que va de entre el 6 y el 9%, de acuerdo al crédito.

-El problema al parecer está con los bancos privados ¿Qué pudo averiguar el Gobierno al respecto? Productores aseguran que empresas como Nexo SA, supuestamente, compraron en forma masiva sus deudas.

-Lo estuvimos revisando y te puedo asegurar que hasta hoy tal cosa no está confirmada. Lo que hicimos fue contrastar la información de planillas entregadas por los campesinos y consultar el estado de la deuda, hasta ahora ningún chequeo nos dio positivo. No descartamos que después aparezcan y evaluaremos qué salida dar a esa situación.

-Las deudas de campesinos en la banca privada serán absorbidas por el BNF siempre y cuando éstas cumplan ciertos requisitos. ¿Qué gana el Estado con eso?

-Hoy ese pequeño productor con deudas que no puede pagar es prácticamente un muerto civil, totalmente excluido del sistema y sin la posibilidad de desarrollo. Le damos la posibilidad de que esté de vuelta habilitado, además podrá tomar un nuevo crédito, gracias a la ley de rehabilitación financiera, en consecuencia, volverá a producir, con el acompañamiento técnico del Gobierno, desarrollando proyectos productivos viables.

-¿Cómo se define un proyecto productivo viable?

-Un proyecto viable tiene que ver con utilización de diversas herramientas que ayuden a determinar la infraestructura tecnológica y la capacidad técnica que implica la implantación del sistema de producción, así como los costos, beneficios y el grado de aceptación que tendrá el producto. Para que sea viable también, al final del proceso debe existir un lugar donde ubicar la producción. Es el criterio que cambiamos, antes de producir determinamos el mercado, propiciamos preacuerdos con precios de referencias para las empresas que terminarán adquiriendo el producto. Buscamos negocios articulados por zonas, para que el productor sepa que su producción podrá ser ubicada a un precio conveniente.

-¿Hasta qué punto tiene el Gobierno la responsabilidad por una mala inversión del sector productivo?

-La responsabilidad no es solo del Estado, creo que la compartimos con el sector privado que a veces lanza una campaña agresiva de créditos, pero sin evaluar la capacidad real de retorno, allí muchos caen en el sobreendeudamiento y la historia ya la conocemos. Pero ante una mala inversión, muchas veces mejor reclamarle al Estado, y el error está también en el acompañamiento técnico, es un proceso que queremos impulsar en esta etapa.

-La asistencia técnica es la que propone el salto cualitativo y cuantitativo en la producción ¿Hay oposición a ese modelo o más bien un largo legado de corrupción?

-Existe un déficit en cuanto a la cobertura por parte del ministerio, imagínate que –según nuestros registros– solo llegamos al 37%; de cada 100 agricultores, solo 37 reciben asistencia técnica por parte del Estado. Buscamos mejorar esa situación con la contratación de más técnicos, pero eso está limitado a una cuestión presupuestaria, pero también gracias a la tecnología. Hoy existe acceso a internet prácticamente en todo el país, por ende podemos llegar con asistencia técnica remota, muy similar a la telemedicina, a todos los rincones del país. Salvo algunos grupos, argumentando cuestiones ideológicas, no existe resistencia para recibir asistencia técnica, el déficit es más bien nuestro.

-La Unión de Gremios de la Producción (UGP) en el proceso de análisis de la funcionalidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) recuerda que el ministerio se ha convertido paulatinamente en una maquinaria burocrática para transferir recursos, antes que conocimientos ¿Cómo revertimos esa situación?

-Hay burocracia, eso es innegable, dentro del ministerio tenemos una relación 70/30, 70 funcionarios administrativos y sólo 30 técnicos, eso claramente tendría que ser al revés, queremos apuntar a la tecnología, mientras mejoramos esa situación que podría llevar años. Indudablemente existen modelos que debemos cambiar, otros que tenemos que profundizar, creo en la armonía entre la transferencia de recursos y conocimiento, muchos necesitan el dinero, a través de insumos, productos, no solo el conocimiento. Para lograrlo necesitamos registro actualizado de productores, en eso trabajamos, ya que se encontraba desactualizado y con muchos datos falsos, es lo único que nos ayudará a terminar con la ayuda politizada.

El ministerio tiene un proyecto de reestructurarse, ese plan está en proceso de evaluación, luego debe socializarse con todos los sectores involucrados para poder consensuar un documento y enviarlo al Parlamento.