El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sostuvo ayer que se tendrá "tolerancia cero" para los empresarios del transporte que fueron imputados por adulterar documentos para recibir subsidio del Estado por buses "chatarra", cuyo perjuicio ronda los 13.000 millones de guaraníes.
"El Ministerio de Obras Públicas en su trabajo de transparencia y seriedad de no tolerancia a este tipo de cosas, ha promovido estas denuncias y continuaremos trabajando en la misma línea", sostuvo el alto funcionario en la ciudad de Areguá, donde acudió para la habilitación de nuevos tramos asfaltados, de unos 17 km.
El pasado martes, el fiscal Yoan Paúl López imputó a 18 personas de seis empresas del transporte público por los hechos punibles de documentos públicos de contenido falso, producción mediata de documentos públicos de contenido falso, estafa y adquisición fraudulenta de subvenciones.
De acuerdo a la investigación, estiman un total de 123 buses presumiblemente irregulares, de un parque de 259 habilitados, que se beneficiaron con el apoyo del Estado. Para dicho beneficio, las empresas de transporte debían contar con todas las documentaciones respaldatorias sobre el título de dominio de los buses e inclusive la inspección técnica vehicular al día.
"Estas empresas que han incumplido, que se han aprovechado del sistema, que han retirado subsidios que no correspondía, hoy tendrán que responder ante la ley y las autoridades judiciales", expresó el titular del MOPC.
El agente fiscal informó que en la Línea 34 "Ciudad de Limpio" resultaron imputados Juan Agripino Gómez Rivas, Carlos Darío Jara Gómez, Elias Miguel Ángel Gómez Gaona y Gustavo Adolfo Gómez Alfonso. En la Línea 36 "Campo Limpio SA" fueron imputados: Julio Santacruz Torres Gómez, Óscar Rufino Torres, José Osmar Torres Cañete y Julio Marcelo Torres Torres.
Así también en la Línea 58 "Capiatá SRL", la Fiscalía acusó a Édgar Ignacio Jiménez Ayala, Roberto Fernando Jiménez Ayala, Víctor Hugo Jiménez Ayala y Myrian Graciela Jiménez Ayala. Suman además los empresarios de la Línea 203 y 110 "Cerro Kói SA", que son María Teresa Quiñónez de González y Roberto Rolón Cáceres.
Igualmente fue acusada la propietaria de la Línea 232 "Ciudad de Villeta SA", Nora Mercedes Sánchez de Méndez, y de la Línea 454 empresa "3 de Febrero SA" resultaron imputados Claudio Concepción Arias, Darío Arnaldo Arias Amarilla y Óscar Ramón Fariña González.