Un grupo de senadores participaron hoy en Caaguazu y Minga Guasu de una serie de audiencias públicas sobre el proyecto de ampliación de la ruta VII, así como la ampliación del puesto de peaje en dicha zona. La segunda audiencia pública se realizó en el Km 30 sobre ruta 6ta y participó una importante cantidad de pobladores.

Los mismos piden que el puesto de peaje de la empresa Tapé Porâ se traslade al límite de esta localidad con Yguazu, pues ahora esta en el Km 26 sobre la ruta VII, antes del pueblo.

Digno Caballero, intendente de Minga Guasu, expresó en dicho encuentro que los mingueros no están en contra del progreso, pero piden que el interés general prime sobre el particular. "Hacemos un llamado a los representantes de Alto Parná en el Congreso, que se hagan eco de nuestro reclamo", indicó.

Agregó que el peaje perjudica a los pobladores porque es caro y muchos que viven en este lugar no pueden pagar y no pueden acceder a muchos de los servicios que están en el ciudad, al otro lado del peaje. "Pedimos que el peaje sea trasladado al límite con el distrito de Yaguzú", insistió.

La Comitiva legislativa, encabezada por su presidente, senador Mario Abdo Benítez, se comprometió a encontrar una solución viable al pedido de los pobladores que plantearon, entre otros puntos, remover el puesto de peaje asentado sobre la Ruta Nº 7 alegando que el mismo no rinde beneficios a la comunidad y dificulta el libre tránsito de los lugareños.

Abdo Benítez indicó por su parte que la obligación de los legisladores es ser la voz del pueblo. "Esta es nuestra obligación., Aire acondicionado guype no vamos a saber lo que le pasa a la gente, tenemos diferencias y eso es normal en democracia, pero que esas diferencias sirvan para enriquecer el gran debate nacional. Este no es un problema de colorados ni liberales ni luguistas, es un problema del pueblo. Venimos hoy a escuchar los reclamos legitimos", sostuvo.

El motivo del encuentro fue analizar el proyecto de Ley "Que autoriza la modificación y ampliación del contrato para la ejecución de trabajos relativos a la realización del Proyecto definitivo, verificación de los proyectos existentes, duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión, del tramo de la Ruta No. 7 – Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia". Esta situado entre el empalme con la supercarretera a Itaipú (Km. 323), y el Km. 183 (Caaguazú) de la misma ruta, y el documento fue firmado entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOCP), en los términos de la Ley No. 1.018 de fecha 13 de diciembre de 1996, y la Concesionaria Consorcio Tape Pora S.A.

El documento tuvo una rápida aprobación en Cámara de Diputados, y actualmente es estudiado en varias comisione asesoras de la Cámara Alta.

La iniciativa pretende renovar la concesión otorgada a la firma Consorcio Tape Porã (que vence en el año 2023) por otros 30 años más, para el mantenimiento de un tramo de 113 kilómetros de la Ruta VII. También se contempla el ensanche a cuatro carriles del citado tramo vial.

Sin embargo, durante la audiencia pública varias voces locales se levantaron en contra del proyecto, alegando que el puesto de peaje de Tape Porã no les beneficia en ningún aspecto, y que la empresa no cumple con la ayuda social prometida. Además, los pobladores deben pagar peaje de ida y vuelta para cruzar por el lugar y poder realizar sus actividades diarias.

Ante esta situación, pidieron a los parlamentarios "ponerse la camiseta del pueblo" y encontrar una solución que beneficie a toda la comunidad.

El senador Arnoldo Wiens dijo que existe preocupación en el Senado por la forma en que fue aprobado el proyecto de ley en Diputados, y que estudiarán en detalle el documento, a fin de proteger los intereses de la ciudadanía más necesitada.

Por su parte, el senador Fernando Lugo dijo que se debe dialogar entre todos los sectores para hallar un término medio que beneficie a la gente.

El senador Eduardo Petta aseguró conocer todos los antecedentes de la concesión otorgada a Tape Porã y precisó que el Senado pidió informes al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y a la Contraloría General de la República sobre las actividades del consorcio.