Río de Janeiro, Brasil | AFP |

Momentos clave de la saga político-judicial protagonizada por el expresidente brasileño Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), cuyo nombramiento como ministro de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff se halla bloqueada por la justicia.

El fiscal general recomendó el jueves anular la designación de Lula, por considerar que se trató de un subterfugio para escapar de la justicia ordinaria en el caso de Petrobras.

Iniciada en 2014 por el juez de primera instancia Sergio Moro, la investigación sobre el gigante petrolero estatal reveló un sistema fraudulento permanente en los negocios de Petrobras con las mayores empresas de construcción del país, en el que se pagaban comisiones que en parte se distribuían a legisladores de la coalición en el poder.

Lula es conducido por la Policía Federal a un interrogatorio forzoso, ordenado por el juez Sergio Moro, después del registro de su domicilio en Sao Paulo.

Esta operación se produce un día después de una avalancha de nuevas acusaciones de corrupción, incluyendo la confesión, revelada por la prensa, del senador oficialista Delcidio Amaral contra Lula y Rousseff, en el marco de un acuerdo de reducción de penas con la justicia.

Lula, de 70 años, se defiende con vehemencia de las acusaciones y pide a sus partidarios que salgan a las calles.

Rousseff, amenazada por un juicio de destitución en el Congreso por supuesto maquillaje de las cuentas públicas, acusa a la oposición de querer anticipar las elecciones presidenciales de 2018.

El Ministerio Público de Sao Paulo denuncia a Lula por ocultación de patrimonio, ya que sospecha que es dueño de un elegante apartamento en el cercano balneario de Guarujá, algo que el exmandatario niega tajantemente. Los fiscales consideran que Lula "ha violado el orden público" al llamar a sus seguidores a salir a las calles para denunciar una "persecución judicial".

Rousseff descarta renunciar e invita a Lula, fundador del Partido de los Trabajadores (PT, en el poder) a integrarse al gobierno.

El gran partido de centro PMDB, un pilar de la coalición parlamentaria, se da 30 días para decidir si cerrará la puerta de la mayoría. Si Rousseff fuera destituida en un impeachment, el vicepresidente Michel Temer, de ese partido, asumiría el poder hasta las elecciones de 2018.

Unas tres millones de personas, según la policía, salieron a las calles en todo el país al grito de "Fuera Dilma".

La juez de Sao Paulo que debía pronunciarse sobre un pedido de prisión preventiva contra Lula por presunto lavado de dinero transfiere el caso al juez Moro, que centraliza así las dos investigaciones judiciales contra el exmandatario.

La justicia divulga confesiones del senador Delcidio Amaral, en las que acusa al ministro de educación Aloizio Mercadante de haber tratado de comprar su silencio para proteger al gobierno de Rousseff. También formula acusaciones contra Lula, Rousseff, el vicepresidente Temer y el líder de la oposición Aécio Neves (PSDB).

Lula es nombrado "ministro de Estado, jefe de la Casa Civil", puesto que lo libra de la amenaza de ser detenido, dado que los ministros solo pueden responder penalmente de sus actos ante el Supremo Tribunal Federal.

El juez Moro libera la grabación de una conversación telefónica entre Rousseff y Lula, que sugeriría que la designación de éste buscaba evitarle ir a prisión.

Manifestaciones de indignación en todo el país contra el gobierno.

Lula es investido ministro, pero el juez Gilmar Mendes, del STF, suspende su designación. El gobierno apela la suspensión y Rousseff denuncia una maniobra de "golpistas".

Lula a corresponsales extranjeros en Sao Paulo: el juez Moro "es una figura inteligente, competente, pero como ser humano temo que la mosca del poder haya hecho sus efectos en él".

El STF asume provisionalmente las investigaciones sobre Lula, infligiendo su primera derrota al juez Moro.

Un relator parlamentario recomienda abrir un juicio de destitución de Rousseff en el Congreso.

El fiscal general Rodrigo Janot recomienda anular la designación de Lula como ministro, respaldando la tesis del juez que la había suspendido por considerar que se trataba de una artimaña para escapar de la justicia ordinaria.

Janot había dicho el 28 de marzo que el nombramiento de Lula era una "competencia constitucional" de Rousseff y que su bloqueo "podría causar graves daños al orden institucional". Pero, explicó, cambió de parecer tras oír las escuchas telefónicas y analizar las confesiones del senador Amaral.

© 1994-2016 Agence France-Presse