La comisión de 65 diputados que debe decidir si hay motivos para destituir a la presidenta brasileña Dilma Rousseff inició este miércoles una tumultuosa sesión en la que el relator del proceso debe dar a conocer su recomendación.
En una sala repleta de la Cámara de Diputados en Brasilia, los diputados se enfrascaron en discusiones sobre cuestiones de orden, al tiempo que partidarios de Rousseff se hacían oír con gritos de "No al golpe", constató un reportero de la AFP.
Acompanhe ao vivo: Sessão para leitura do relatório sobre impeachment começa com discussão. https://t.co/naQosKcV7H pic.twitter.com/wYUDboleVj O Globo Brasil (@OGloboPolitica) 6 de abril de 2016
La comisión debe oír el informe del relator del procedimiento, Jovair Arantes, sobre la pertinencia de juzgar a Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), por supuesta manipulación de las cuentas públicas.
El informe tiene unas 200 páginas y su lectura llevará unas cuatro horas, indicó el presidente de la Comisión, Rogerio Rosso.
La comisión votará sobre el parecer del relator el próximo lunes, una semana antes de que sus conclusiones se sometan al plenario de la Cámara.
"Pedaladas"
El presunto maquillaje se habría efectuado a través de "pedaladas" fiscales (como se las denomina en portugués), un mecanismo usado por el Tesoro Nacional, sin autorización del Congreso, para retardar el traspaso de dinero a bancos públicos y privados y a grandes administraciones.
De ese modo, se mejoran de forma engañosa las cuentas del gobierno federal. El procedimiento equivale a un "empréstito" concedido por los bancos al Tesoro, algo prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal del año 2000.
En concreto, Rousseff habría cargado a los bancos en 2014, el año de su reelección, y a inicios de 2015, gastos correspondientes al gobierno por un total de 41.000 millones de reales (unos 17.400 millones de dólares al cambio medio de 2014).
El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) dio impulso a la oposición a principios de octubre, cuando recomendó a los diputados que rechazaran las cuentas del año pasado.
Los partidarios del impeachment juzgan que esas prácticas constituyen un "crimen de responsabilidad" por parte de la presidenta, uno de los motivos de destitución previstos en el artículo 85 de la Constitución, especialmente por violación de la Ley de Finanzas Públicas.
El gobierno alega que se trata de una práctica corriente desde los años 90 y niega que Rousseff haya cometido un "crimen de responsabilidad", que conciernen a actos que atenten contra la Constitución.
Ver la sesión en: