Ayer el abogado José Ignacio González Macchi presentó al fiscal anticorrupción Igor Cáceres un escrito donde pide tomar intervención en representación del ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (FCE-UNA), Antonio Rodríguez. Esto motivó la suspensión de la audiencia indagatoria para el ex titular de la FCE, quien está siendo investigado por graves hechos de corrupción durante su administración en la mencionada casa de estudios.

De esta manera, González Macchi será el abogado de Rodríguez, por lo que pidió copia de la carpeta fiscal para interiorizarse sobre los hechos por los que está siendo investigado el ex decano y preparar así su defensa.

El representante del Ministerio Público, Igor Cáceres, manifestó que fijarán una nueva fecha para la audiencia indagatoria, que será dentro de diez días, aproximadamente, de manera que Rodríguez pueda realizar su descargo con relación a las sospechas de presuntos cobros indebidos de honorarios y otros.

Curiosamente, el pasado viernes Rodríguez había confirmado a La Nación que asistiría a la declaración indagatoria para dar a conocer su versión de los hechos, ya que considera que es inocente; sin embargo, no cumplió con su palabra. Tampoco lo hizo su hija, Andrea Rodríguez, quien se desempeñaba como docente de la FCE-UNA sin haber realizado concurso alguno para acceder al cargo y sin contar con experiencia adquirida para el mismo, según el informe de la Contraloría.

De acuerdo a fuentes, la Fiscalía tiene sobrados elementos para poder formular una imputación contra Antonio Rodríguez y su hija.

HECHOS IRREGULARES

Según el informe de la Contraloría, Antonio Rodríguez fue denunciado en reiteradas ocasiones por supuestos hechos irregulares durante su administración de la FCE-UNA, entre ellos, tráfico de influencias, violación de la ley de contrataciones públicas, situación de nepotismo, etcétera.

EN FAMILIA

Uno de los hechos más llamativos tiene como protagonista a su hijo Édgar Rodríguez, quien "rindió a la velocidad de la luz" 19 materias en 9 meses, todo un récord, considerando que la carrera de Economía tiene 50 materias en total y una duración de cinco años. Alumnos de la alta casa de estudios habían manifestado que un estudiante regular apenas tiene la capacidad de rendir 10 materias por año; es decir, cinco por semestre.

En el informe de la Contraloría también consta que Rodríguez nombró a sus tres hijas en la FCE: Ruth, Paola y Andrea Rodríguez, quienes se desempeñaban como profesoras encargadas de cátedra y auxiliares de enseñanza en la casa matriz y filiales, cargos designados por el Consejo Directivo de la facultad, presidido en ese entonces por el ex decano. De acuerdo al ente de control, no se observaron documentos que hagan referencia a la experiencia laboral adquirida por cada una de las docentes que les habilite el acceso directo a dichos cargos.

COMISIÓN PRO CAPILLA

Otro caso que llama la atención son las contradicciones del Colegio de Graduados en Ciencias Administrativas y de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Facultad de Economía que figuran como donantes para la construcción de la capilla "La Divina Misericordia" en el predio de la FCE-UNA y que, sin embargo, manifiestan no haber realizado ninguna transferencia a la casa de estudios, pero tampoco aclaran haber realizado esa donación a la Comisión Pro Capilla, encargada de la obra. En total, ambas habrían donado la suma de G. 161.046.000.

En el documento del ente de control también se deja constancia de otra situación irregular de parte de la Comisión Pro Capilla, que realizó la rendición de gastos correspondientes a los G. 10.000.000 transferidos por la Gobernación de Central para la construcción del templo dos años después de recibir los fondos, violando de esa manera la Ley Nº 3409/08 de Presupuesto. La Comisión estaba presidida de manera honoraria por Antonio Rodríguez.

CENTRO DE ESTUDIANTES

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), presidido por Víctor "Ruli" Cabañas, alquilaba aulas a terceras personas para usufructuar los servicios de fotocopiadoras y cantina. La renta total para la cantina era de G. 4 millones, para las fotocopias e impresiones era de G. 700.000 guaraníes en la Escuela de Contabilidad; G. 400.000 en la Escuela de Economía; G. 1.400.000 por alquiler para fotocopiadora de parte de Carmen Morel y Milciades Recalde. Así se embolsaban la suma de casi G. 30.000.000 anualmente.

Este "convenio" atentaría contra el Estatuto de la UNA, específicamente al artículo 138, inciso "e", que refiere que "el patrimonio de la UNA se compone de las regalías, frutos, rentas e intereses de los bienes que la conforman", y al artículo 140, que dice que "la administración de los bienes y del espacio físico tenderá a una racionalización eficiente, al mejor uso de los recursos disponibles y a la preservación del ambiente para beneficio de la UNA".

FUNDAMIPRE

La fundación Movimiento Integración de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción (Fundamipre), encabezada por Casto Armín Sánchez –al igual que el Centro de Estudiantes liderado por Víctor "Ruli" Cabañas– se beneficiaba de un convenio con la casa de estudios, que le permitía alquilar aulas para la concesión y explotación de la cantina a terceros por un valor mensual de G. 6.000.000. Este "convenio" atentaría contra el Estatuto de la UNA.

ADJUDICACIÓN A CUÑADO

Desde el 2005 al 2007, Antonio Rodríguez benefició a la empresa de su cuñado con adjudicaciones vía contratación directa para la FCE-UNA. Tras el sumario instruido a la firma por la DNCP, en junio del 2008, Britam fue inhabilitada "en razón a su conducta antijurídica comprobada en el proceso de contratación de la referencia", según reza la resolución Nº 345/08, firmada por el entonces director de la institución, Juan Max Rejalaga.

MILLONARIO DÉFICIT

Un corte administrativo ordenado por la actual administración de la facultad a la gestión 2015, que correspondió al ex decano Antonio Rodríguez Rojas en la FCE-UNA, resalta que la institución formadora de economistas del país cerró ese año con un déficit de G. 4,6 mil millones en sus balances, corte administrativo que se hizo constar en los registros de la Escribanía Mayor del Gobierno, a cargo de Marta Narvaja.