Steven Davidoff Solomon

Howard B. Schiller, ex director de Finanzas y actual miembro de la junta directiva de Valeant Pharmaceuticals International, se niega a irse calmadamente y una peculiaridad de las leyes podría permitirle quedarse un poco más.

La junta de Valeant lo acusó de "conducta inadecuada" en relación con la nueva declaración contable de Valeant, que está pendiente. Schiller se ha mantenido en su posición. No solo rechazó las acusaciones, sino que se ha negado a dimitir de la junta directiva de Valeant.

Esto provoca una situación incómoda en la farmacéutica, que de por sí se las está viendo negras. Pero la empresa está atrapada.

Como quizá recuerde, Valeant tuvo un buen impulso como parte de la primera oleada de reinversiones externas por motivo de impuesto en el 2010, cuando trasladó su domicilio fiscal de Delaware a la Columbia Británica, Canadá, mediante la fusión con una farmacéutica rival. En ese tiempo, al parecer los accionistas vitorearon ese traslado para bajar los impuestos de la compañía. Esa ventaja le permitió dedicarse a una sólida estrategia de adquisiciones que duplicó su tamaño.

Por desgracia, a los accionistas no les pareció adecuado cambiar de sistema de gobierno. En algunos sentidos, esto no es un problema significativo para Valeant. El sistema canadiense es mucho más comprensivo para con los accionistas que el estadounidense, limitando las defensas contra las adquisiciones, como la píldora envenenada, por ejemplo.

El sistema canadiense también es similar al estadounidense en términos de obligaciones fiduciarias, aunque es mayor el potencial de responsabilidad y riesgo.

Aunque la ley canadiense es favorable para los accionistas, el hecho de que sea extranjera hace que para sus accionistas, en su mayoría estadounidenses, sea más difícil orientarse en ese pantanal. Y eso significará que el litigio por el desastre de Valeant no se enfocará en si la junta directiva violó sus deberes fiduciarios. En Canadá simplemente no existe el sistema para litigios de los accionistas que hay en Estados Unidos (saque usted sus propios juicios al respecto).

En cambio, lo que hay son demandas normales de títulos accionarios. La ironía, por supuesto, es que los fondos de cobertura que ahora tienen un lugar en la junta directiva de Valeant, ValueAct Capital Management y Pershing Square Capital Management, serían de los principales beneficiarios de ese litigio (que, si lo ganan, sería pagado en parte por la compañía, lo que subraya el absurdo que a veces hay en los litigios de valores).

Algo que es básicamente similar entre Canadá y Estados Unidos es el proceso para destituir directores. Las empresas registradas en Delaware (donde están registradas la mayoría de las compañías estadounidenses cotizadas en bolsa) pueden eliminar a los directores de juntas directivas no escalonadas en cualquier momento y sin necesidad de motivo. Pero solo los accionistas pueden llevar a cabo la destitución. Deben actuar ya sea en la asamblea anual o, si se permite, en una asamblea especial o mediante autorización por escrito.

Existe la posibilidad de que un tribunal lo haga, pero Valeant tendría que demostrar que Schiller representa un peligro inmediato para la compañía si sigue siendo director.

Esta regla es similar en Canadá. Un director de Valeant puede ser destituido solo por los accionistas, ya sea en la asamblea anual o mediante una resolución especial.

Y mientras, Valeant está atascada, al menos hasta su próxima asamblea anual que posiblemente se lleve a cabo en mayo.

Schiller está defendiendo sus propios intereses. Al quedarse, él tiene poder de negociación con la junta. Él quiere asegurarse de que Valeant cumpla con el acuerdo de defenderlo en el litigio.

Sin embargo, no le será fácil. Schiller (y el ahora director general saliente de Valeant, J. Michael Pearson) podría tener que devolver algunas acciones. Valeant tiene una política que establece un período de tres años para devolver acciones si "la compañía reformula o ajusta materialmente sus declaraciones financieras". Conforme esa política, Valeant tiene que demostrar que "la conducta fraudulenta o ilegal del ejecutivo, a sabiendas o intencional, es la base, al menos parcial, de la reformulación". Este es un gran obstáculo, pero uno que Valeant por lo menos tratará de librar para demostrar que está tratando de penalizar a Schiller, particularmente a raíz de que declarara que hubo "conducta inapropiada".

También existe la posibilidad de que la Comisión de Valores y Bolsa pida una devolución. Hay dos series de reglas de devolución, las de la ley Sarbanes-Oxley, que abarcan un período de un año, y las de la ley Dodd-Frank, que abarcan tres años y contemplan una gama más amplia de declaraciones erróneas. La SEC todavía no ha adoptado las reglas Dodd-Frank y, por ende, tendría que actuar solo conforme a las Sarbanes-Oxley. No obstante, la SEC podría presentar su propia demanda por fraude contable, más allá de la cuestión de la devolución.

Todo esto significa que Schiller estará ocupado.

La junta directiva de Valeant tratará de funcionar lo mejor que pueda. Es una junta extraña; ahora está integrada por tres representantes de fondos de cobertura y el resto de sus miembros básicamente son financieros. Es difícil que no se vayan a dedicar a buscar una solución al enredo de Valeant, que podría significar un desmembramiento.

Todas las miradas están concentradas en ver si Valeant presentará a tiempo sus declaraciones financieras para evitar una suspensión de pago en su deuda. Las suspensiones de este tipo ocurren (no muy seguido, pero sí lo suficiente). Generalmente se logra que los titulares de deuda renuncien a la suspensión a cambio de una cuota. Es probable que eso ocurra en este caso. Pero en Valeant la situación está tan tumultuosa que cualquier cosa es posible.