Oscar Germán Latorre
En los últimos días el actual Intendente de la ciudad de Asunción ha anunciado reiteradamente que se encuentra desarrollando un proyecto que contempla alternativas laborales para los cuidacoches y limpiaparabrisas. La actividad de los cuidacoches constituye un flagelo que ha ido en permanente crecimiento en los últimos veinticinco o más años y que no pasa de constituir una simple extorsión para quienes estacionan sus vehículos en la vía pública.
La proliferación de estos avivados se debió fundamentalmente a la omisión culpable de los gobiernos municipales y de la policía que nunca se han animado a enfrentar el problema, fundamentalmente por las implicancias electorales que cualquier medida represiva pudiera generar.
Esta grave situación que afecta a gran parte de los ciudadanos que son víctimas de esta grosera extorsión, exige que el gobierno central y también la intendencia municipal, adopten medidas concretas para acabar con estos grupos que se han atribuido la propiedad y el derecho de explotación de las vías públicas.
Lo que hacen los cuidacoches y limpiaparabrisas es un delito, y la policía, la intendencia municipal y el ministerio público, no pueden seguir mirando para otro lado mientras los ciudadanos son víctimas de estos delincuentes. Es hora de adoptar medidas que restituyan la seguridad y den protección a los miles de ciudadanos que asisten a sus lugares de trabajo, a un espectáculo deportivo o artístico, a un centro médico o realizan cualquier otra actividad en varios sectores de la ciudad.
Ahora bien, la sola persecución penal a estos extorsionadores no constituye una solución ideal, ya que se deben encontrar y desarrollar urgentes programas que permitan ofrecer verdaderas alternativas laborales a estos grupos.
El problema es complejo por lo que deben descartarse por completo las recetas de contenido populista. Una alternativa es organizar a los cuidacoches y limpiaparabrisas en cooperativas multiactivas que ofrezcan diversos tipos de servicios, como de plomería, electricidad, construcción, etc. Esto requerirá acuerdos con el Servicio Nacional de Promoción Profesional para que imparta diversos cursos de artes y oficios, cada vez más difíciles de conseguir en la ciudad. El éxito de esta solución pasa necesariamente por la firme e intransigente decisión de las autoridades de no permitir que los cuidacoches y limpiaparabrisas sigan desarrollando impunemente sus actividades extorsivas a la vista de la policía nacional y de los agentes fiscales. Debe tenerse presente que una actividad lícita, difícilmente generará los mismos recursos que los que se recaudan amenazando y extorsionando a los propietarios de los vehículos que se estacionan en la vía pública. Si no hay rigurosidad por parte de las autoridades, los programas que pretendan ofrecer alternativas laborales estarán destinados irremediablemente al fracaso.
Es el momento de que los ciudadanos exijamos a nuestras autoridades respeto y protección. Ya no se puede consentir que algunos se beneficien atormentando a la gente con el ofrecimiento de servicios no requeridos, que no tienen derecho de explotar y que no pasan de constituir un delito claramente previsto y castigado por el Código Penal. En este sentido, no hay ninguna diferencia entre la extorsión de los cuidacoches con la actividad de los motochorros, peajeros o los asaltantes de bancos. Esto es así aunque algunos dirigentes sindicales defiendan a los cuidacoches, limpiaparabrisas y también a los peajeros, criticando lo que tradicionalmente denominan "criminalización de los reclamos sociales".