Por Prince Otto
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Tras el último caso de megaevasión en Ciudad del Este denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), reflotó la discusión sobre eliminar o mantener la prejudicialidad administrativa.
La misma es una figura por la cual los contribuyentes vinculados a un caso de estafa al fisco gozan de un plazo y proceso administrativo que con una eventual derogación, los fiscales ya podrían actuar de oficio sin esperar las resoluciones de la SET, luego del Tribunal de Cuentas y si se apela, tener que aguardar además la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, tal como ocurre actualmente.
Al respecto, profesionales del país coincidieron en la necesidad de mantener la figura, siempre que las evasiones no sean cometidas con documentos falsos.
La abogada tributarista Nora Ruoti sostuvo que defiende la prejudicialidad en el delito de evasión de impuestos, toda vez que se cometa sin utilizar facturas falsas o la producción de documentos no auténticos.
"La figura se aplica solamente en la evasión de impuestos cuando una autoridad como la SET debe determinar previamente cuánta es la diferencia entre lo que pagó el contribuyente y lo que debería haber pagado. Pero cuando esa evasión se comete con documentos falsos, no existe la prejudicialidad, porque ahí los fiscales de Delitos Económicos no tienen excusas para poder aplicar las sanciones que corresponden en el ámbito penal. Por su lado, la SET tiene que aplicar todas las sanciones, las multas e intereses contemplados en la Ley 125/91", expresó la profesional.
El ex ministro de Hacienda, César Barreto, al tiempo de señalar que para los casos de evasión, las sanciones tienen que ser ejemplificadoras e importantes, dijo que es necesario mantener una instancia administrativa de solución de diferencias de criterio que pueden existir en la aplicación de las normas tributarias o en aquellos casos donde el contribuyente reconozca la falta y que pueden ser penalizados con multas importantes.
"Obviamente, en casos de falsificaciones de documentos u otros delitos, necesariamente deberán hacerse las denuncias correspondientes. La existencia de una instancia administrativa de sanciones me parece un buen mecanismo para zanjar muchos casos que impliquen el reconocimiento del hecho y el pago de fuertes multas y otras penalidades pecuniarias", manifestó Barreto.
DERECHO
Por su parte, la contadora y especialista en Sistema Tributario Nacional, Alba Talavera, coincidió en mantener la figura de la prejudicialidad.
"No debería ser eliminada. La propia Constitución Nacional proclama el legítimo derecho a la defensa, además nadie puede ser acusado hasta tanto se pruebe lo contrario", manifestó la profesional.
Dijo que el hecho de que estos casos no puedan ser atendidos a tiempo por la Administración Tributaria, y que como consecuencia prescriban los casos, la situación debería ser subsanada desde la propia Subsecretaría de Estado de Tributación. Desde la misma Administración Tributaria reconocen la limitada capacidad de funcionarios para realizar la excesiva cantidad de controles y fiscalizaciones.
Aclaró que si existen casos de adquisición de facturas ilegales, contrabando, y otros ilícitos debidamente comprobados, ya debería derivarse directamente a la Justicia.
"Pero existen transacciones cometidas como error en las declaraciones, que derivan en pagos indebidos y otros en que ameritan que se aplique previamente la prejudicialidad", enfatizó Talavera.
Ruoti sostuvo que la clave para combatir la evasión impositiva es con educación y la otra, con castigo ejemplar a aquellos que no cumplen con la ley.
"Lo que pasa es que en el país no existe conciencia tributaria porque no se trabajó nunca en educación. Para crear eso, se debe impulsar desde el preescolar y debe formar parte de la malla curricular de los colegios. Caso contrario, pasará lo de Ciudad del Este, que desde el año 2004 al 2016 ni siquiera se tiene conciencia tributaria. Se les debe cobrar los impuestos que dejaron de pagar y también sancionarlos por engañar, mentir, falsificar facturas o crear mecanismos para hacerlo", expresó la abogada tributarista.