El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) afirma que a su arribo en la institución, encontró una situación alarmante en cuanto al ordenamiento y cantidad de funcionarios. Señala que si bien en una primera instancia lo que se hizo fue recortar la cantidad de personal, ahora debe encararse la reorganización interna y el sinceramiento de los rubros. Asegura que este desorden en el que llevó a que mozos y choferes, ítem que no existía en la planilla, tengan un rubro de capacitador.

¿En la Justicia Electoral se sabe quién cobra y en qué concepto?

Para eso se realizó un control riguroso, en el que se le pidió a los responsables de cada dirección que nos indiquen quiénes son las personas que realmente están trabajando y qué funciones cumplen. También estamos trabajando sobre otro aspecto fundamental de la administración, que es la reorganización de los rubros y de los montos que perciben los funcionarios. Es un proceso continuo. Lo que si ya se hizo es reducir contratos, ahora lo que continua es el ordenamiento de los rubros que debe percibir cada funcionario.

¿A quiénes se les hará el recorte presupuestario?

Hay funcionarios que estaban cumpliendo anteriormente una función de dirección, luego se les traslada a otro lugar, y a ellos ya no le corresponde percibir pago por "responsabilidad en el cargo", porque ya no está en funciones.

¿Esto afectaría a los mozos y choferes últimamente denunciados?

Estamos tratando de hacer el pago con mayor ecuanimidad y con lo que marca la ley, por lo que se está verificando el caso de todos, entre ellos los últimos denunciados por altos salarios. Debemos reconocer que venimos de una época de mucho desorden y creo que es un mal endémico de toda la administración pública paraguaya, porque estoy viendo los ejemplos de otras instituciones.

¿Por qué los mismos cobraban como capacitadores?

Es que en la Justicia Electoral no existe la categoría de mozo o chofer, entonces se veía la forma de ubicarlos a los mismos en alguna otra categoría, por lo que el rubro que se ve en planilla es de capacitador. Eso estamos camino a solucionarlo y sobre todo queremos hacer la solución de fondo, que es el sinceramiento de los salarios de los funcionarios y la cantidad de personas asignadas por dirección, estamos con la intención de cambiar la situación.

¿Cómo se ataca esa desprolijidad?

Estamos atacando ese problema bien de frente, pero no podemos negar que existen esas situaciones donde a veces una persona por el rol que cumple está percibiendo exageradamente y hay mucha gente que percibe menos de lo que le correspondería, que incluso está haciendo un trabajo pesado en tiempo electoral, sin embargo su remuneración es muy baja.

¿Cómo reacciona el funcionario a los recortes?

Esa desproporción que existe todavía estamos tratando de eliminar, ya que hay personas que cobraban exageradamente o adicionales que no corresponde, pese que en muchos casos es un poco fuerte para el funcionario que incluso muchas veces no sabe en qué concepto son los rubros que se le deposita en concepto de salario. De repente se encuentran con que en su salario tiene, un monto inferior porque no le correspondía cobrar bonificaciones o responsabilidad en el cargo, pero es un proceso necesario que hay que llevar adelante y lo estamos haciendo.

¿Como presidente de la institución le resulta difícil saber qué funcionario está percibiendo qué salario?

Es casi casi imposible, ya que tenemos 4.200 funcionarios permanentes y 2.521 contratados. La Dirección de Recursos Humanos está haciendo un gran esfuerzo y eso genera informes a diario, pero es imposible que yo pueda saber cuánto percibe salario uno de casi 6.000 funcionarios, sobre todo en materia de contratos que son de tres meses y se van renovando de acuerdo al rendimiento de la persona.

¿Por qué ahora se ve casos de depuración de personal? ¿Es tras las denuncias periodísticas?

Realmente nosotros en el 2015 no pudimos hacer cirugía mayor aun porque estábamos en un año electoral muy fuerte, con dos grandes elecciones. Concluido ese proceso, sí ya nos abocamos a la reorganización administrativa: reducción de personal, de acuerdo a las necesidades reales de la institución, resignación de funciones y el estudio riguroso de los rubros en los que puede percibir los funcionarios.

¿Qué otros mecanismos de acción de reordenamiento tienen?

También estamos trabajando en un proyecto de convenio con algunas instituciones, especialmente con la Dirección de Registro Civil de las personas, para trabajar conjuntamente en la reasignación de muchos funcionarios que tenemos en los registros electorales y pueden cumplir funciones conjuntamente con el Registro Civil, que tiene muchos locales y no tiene personal en algunos lugares. Es ahí donde podemos nosotros asignarle funcionarios, dentro del marco de un convenio y lo que permita la ley de presupuesto. Aquellos funcionarios nuestros que tengan interés o puedan cumplir esas funciones pueden ser reasignados a cumplir funciones en el Registro Civil. Actualmente tenemos 141 funcionarios destinados al Registro Civil de las Personas.

¿Cuál es el porcentaje de reducción de personal?

Se podría considerar que desde el 2012 hasta ahora, se tuvo una reducción del 61% de los contratados. Tenemos una reducción reciente desde diciembre de 2015 hasta fines de enero, de 1407 contratos.

¿Qué opinión tiene con relación al control del Financiamiento Político?

Constituimos una comisión especial de Control de Financiamiento Político, que está liderada por Edmundo Rolón, que está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Hacienda, con el Parlamento y Contraloría General de la República, para que el control sea más riguroso y que los fines que están en la ley se vayan cumpliendo aunque sea gradualmente. Sobre todo en la parte donde se menciona que el 30% del monto que el Estado da a los partidos políticos se destine a la formación cívica y a la educación de los afiliados de los partidos políticos.

¿Cómo se hace para que ese 30% sea respetado?

Haciendo un monitoreo permanente, una vez que los fondos hayan sido transferidos a los partidos políticos, la Justicia Electoral tiene previsto hacer un acompañamiento en coordinación con la fuerza política. Por eso estamos ya en conversación con los presidentes de los partidos políticos y considero que ellos están comprendiendo el mensaje que se tiene que distribuir el monto y ser para beneficio de los afiliados un porcentaje de lo que va destinado a aporte estatal.

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