Jorge Cohler
La Contraloría General de la República podría recibir unos G. 42.000 millones en concepto de pago de las multas que se les deberá aplicar a los intendentes municipales y ediles que asumieron tales cargos en diciembre pasado, como a sus antecesores, que no hayan presentado hasta el momento sus declaraciones juradas de bienes. La penalización también debe incluir a los que entregaron sus respectivas rendiciones fuera del plazo establecido por la ley.
Hoy se podría tener definida la lista oficial de las autoridades municipales, con lista de autoridades comunales que serán pasibles del sumario y la multa. Cabe recordar que esta es una lista preliminar, puesto que aún falta determinar por la Contraloría qué cantidad de los que llegaron a presentar lo hicieron en tiempo y forma y quiénes lo hicieron fuera del plazo establecido, que venció el pasado 7 de enero.
Sin embargo, se manejan cifras parciales, que señalan que dentro de los que podrían pagar multa están los concejales entrantes, que 204 aún no presentaron; entre los ediles salientes hay un total de1.374 que no presentaron; mientras que entre los ex intendentes 77 no presentaron. A su vez, datos de hace menos de un mes indican que hay 25 entre los actuales jefes comunales que tampoco cumplieron.
Este dinero podría engrosar aun más el presupuesto de la Contraloría, pero con el factor de que tales recursos solo podrán ser utilizados para el mejoramiento de la Dirección de Control de Declaraciones Juradas de Bienes, que es una de las tantas dependencias de la institución, según expresó el contralor Roy Rodgers.
El Art. 2 de la Ley 5033/2013 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución señala que todos los funcionarios públicos nombrados o contratados, incluidos los de entes descentralizados y aquellos provenientes de la elección popular "presentarán declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos a la Contraloría General de la República, dentro de los quince días de haber tomado posesión de su cargo y en igual término al cesar en el mismo". Estipula sanciones que van desde una escala de multa entre los 300 y 500 jornales mínimos (desde unos G. 25 millones). Además, pueden llegar a perder la posibilidad de volver a ejercer cargo público durante 10 años.