Tras las publicaciones realizadas por La Nación sobre las denuncias de hechos de nepotismo, dudosas adjudicaciones de obras y jugosos salarios a operadores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico, que responden al sector de Efraín Alegre, la titular del Ministerio de Defensa Pública, Noyme Yore, dio ayer su versión sobre el tema en un contacto telefónico con el diario.

Yore indicó que como primera medida pidió su renuncia al director general de Infraestructura del MDP, el efranista Germán Fatecha, ante las dudosas adjudicaciones de obras a empresas aparentemente sin suficiente solvencia. "Le pedí la renuncia al señor Germán Fatecha, para que ustedes se calmen y nosotros también", precisó la defensora general.

Asimismo, negó que existan irregularidades en la institución que tiene a su cargo y señaló lo siguiente: "No hay ningún hecho irregular, ustedes pusieron eso, le pedí la renuncia para que ustedes estén tranquilos y nosotros también sigamos tranquilos", insistió.

Al ser requerida sobre los otros hechos irregulares como el caso de nepotismo o designación masiva de parientes en la institución pública en uso de sus atribuciones, que la involucra, tal como denunciaron en forma extraoficial algunos funcionarios del MDP, Yore argumentó que la comunicación no era buena porque estaba transitando por la Costanera de Asunción, y luego inmediatamente se cortó el contacto telefónico.

FALTA ACCIÓN DE LA FISCALÍA

Tras la publicación sobre los serios hechos que apuntan a actos de corrupción en el MDP, varios senadores y diputados instaron a la Fiscalía a tomar acción en las acusaciones, teniendo en cuenta que el ente se maneja con recursos públicos. Incluso el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Arnoldo Wiens, señaló que corresponde un pedido de informe al Ministerio con relación a los hechos denunciados y que involucran a Germán Fatecha y a Noyme Yore.

FUNCIÓN DEL MDP

Desde el 2012, el Ministerio de Defensa Pública se descentralizó administrativamente del Poder Judicial y su misión es garantizar el derecho a la defensa de las personas, mediante la prestación de un servicio profesional de asesoramiento, asistencia, representación y defensa legal, velando por el debido proceso y el respeto de los derechos humanos en el ámbito judicial. Sin embargo, aparentemente, según las denuncias extraoficiales de algunos funcionarios, el ente pasó a ser también una fuente para obtener recursos económicos en forma ilegal para algunos políticos, en este caso especialmente para el sector efrainistra del PLRA.

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