Enrique Vargas Peña
Desde siempre, pero especialmente desde la administración municipal en Asunción de Carlos Filizzola, los baches se convirtieron en parte permanente de nuestra pésima calidad de vida. Una calidad de vida que no es muy distinta a la de Mogadisio (http://bit.ly/22RHRVn), en Somalia, o Bangui (http://bit.ly/1mMOc3y), en República Centroafricana.
Manejar en Asunción es un ejercicio de masoquismo que, tal vez, exigiría nuevas categorías en la reglamentación de tránsito, pues uno no solamente debe atender a las señales de tránsito, a los otros conductores, o a los peatones, como en cualquier parte del mundo, sino que debe, además, tener un ojo puesto en la calzada para saber si ella es transitable o si frente a uno se abre un abismo capaz de reventar cubiertas o dañar trenes delanteros.
No quiero pensar en lo que sufren los pasajeros del sistema de transporte público que deben sufrir los baches en unidades ruinosas, con calores esperpénticos y con suciedades cateurenses.
Por supuesto, ningún organismo oficial lleva cuenta de cuántas cubiertas han reventado por culpa de los baches, de cuántos trenes delanteros se han roto, de cuántos choques han ocasionado los desvíos bruscos que se tienen que hacer para desviarlos, de cuántas muertes han ocasionado esos desvíos.
Los organismos oficiales están muy prestos para medir nuestras faltas, pero a la hora de medir las faltas del sector público sólo hay vacío y silencio y se entiende pues si tuviera que pagar todo el daño que ocasiona su corrupción y su negligencia no alcanzaría todo el dinero del mundo para pagar las reparaciones.
El nivel de vida al que nos han reducido es africano y no es un accidente, ni una casualidad, ni una venganza del Dios de los cristianos: Es el resultado lógico e inevitable de la asociación entre nuestra clase política municipal, igual de rapaz, ignorante e inescrupulosa que nuestra clase política nacional, y las empresas que tienen los contratos de pavimentación en Asunción.
Una de las razones por las que esta clase política se opone rotundamente a regirse por una ley de financiamiento político que permita la trazabilidad de los aportes en las elecciones internas de las organizaciones políticas es porque esta trazabilidad pondrá en evidencia que los empresarios de la pavimentación están entre los aportantes de los integrantes de esa clase política.
Aportes a cambio de contratos, y contratos pésimamente ejecutados a cambio de impunidad, lo que significa a su vez mayor renta, lo que permite mayores márgenes para aportar a dichos políticos.
Estas empresas que han estado haciendo tan mal el pavimento de Asunción por todos estos años tienen siempre a punto una letanía de excusas seudo técnicas para justificar la situación: El nivel de lluvias, la falta de desagües, etc., etc., todo lo cual forma parte de un manual de medias verdades que se desarma ante una simple comparación con otras ciudades del continente.
No hay necesidad de ser Sherlock Holmes ni premio Nobel para saber que hay muchas ciudades del continente americano con más lluvias y peores suelos que Asunción las que, sin embargo, no sufren el problema de baches que se ha convertido en nuestro martirio permanente.
Todas las ciudades de Brasil están situadas en zonas igual o más lluviosas que Asunción y ninguna tiene estos baches nuestros. Muchas ciudades argentinas. Las ciudades panameñas. Las del estado de Florida en Estados Unidos.
La explicación es simple, en esas ciudades los empresarios encargados de la pavimentación no tienen el mismo nivel de impunidad para hacer pésimas obras y no pueden aportar a los políticos que los tienen que regular sin que se sepa.
En Asunción, los empresarios de la pavimentación no resisten una revisión sistemática de la cimentación de sus obras, revisión que jamás ordenan los intendentes, sospechosamente.
Tal revisión permitiría a la ciudadanía ver hasta qué punto se abusa del presupuesto para hacer obras de cuarta categoría a raíz de las que los baches se han convertido en una constante de nuestras vidas.
Ningún fiscal penal interviene tampoco. Es porque los fiscales son nombrados por integrantes de esa misma clase política rapaz, ignorante e inescrupulosa que los nombran con la condición de dejarlos impunes a ellos y a sus aportantes, entre los que se cuentan estos empresarios.
No cumplir las especificaciones por las que se hace pagar a la ciudadanía es un delito y quienes incurren en él desde hace años deben estar en la cárcel de Tacumbú y no en el club Centenario.
Y aún supongamos que las especificaciones técnicas hayan sido cumplidas, lo que no es el caso: Entonces tendríamos la culpa de los redactores de las normas, por haberlas elaborado a la medida de las empresas y no de acuerdo con las necesidades del clima, del suelo y de la infraestructura de Asunción.
"La calamitosa situación de las calles de Asunción obliga al intendente Mario Ferreiro a declarar desde los primeros días de enero la situación de emergencia vial, lo que dependerá de la aprobación de la Junta Municipal" señalaba el diario ABC el 22 de diciembre pasado (http://bit.ly/1OaSqLJ). La emergencia fue aprobada el 23 de diciembre (http://bit.ly/1OXYkgp).
Le dije a Mario que de nada servirían las medidas de emergencia si es que dentro de ellas no se contemplaba un estudio sistemático de las cimentaciones del pavimento y de su ajuste a las especificaciones técnicas, con el fin de inhabilitar y dejar fuera de cualquier esfuerzo de reconstrucción a las empresas responsables de haber hecho tan mal el trabajo por el que sufrimos baches desde siempre.
Los que hicieron mal el trabajo no deben volver a ser contratados porque no hay razón alguna por la que hagan bien ahora lo que hicieron mal por décadas.
Hacer bien ahora el trabajo será, por parte de esas empresas, reconocer y asumir que lo hicieron mal por décadas. Creo que sería bastante difícil de entender que se premie con nuevos contratos a quienes malgastaron de modo tan perverso el dinero de los contribuyentes.
A mi modo de ver, si Mario Ferreiro quiere mostrar un nuevo compromiso con la ciudadanía y no con los empresarios de la pavimentación, debe dejar afuera a los que hayan participado en la construcción de la presente situación y debe abrir los contratos, como hizo Ramón Jiménez Gaona a nivel del Ministerio de Obras Públicas, a empresas extranjeras, pues las locales, con el cuento de una paraguayidad mal entendida, no hicieron otra cosa que embromarnos.