Guiomar De Gásperi, una de los cuatro dueños de la estancia Panambí, ubicada en la localidad de Capiibary, departamento de San Pedro, manifestó que la tala de árboles es una constante en sus tierras. Indicó que los invasores abandonaron su propiedad en las últimas semanas; sin embargo, no descartó que reanuden sus actividades en estos días. En promedio, según la estanciera, existen unas 25 a 30 personas equipadas con motosierras, que permanentemente talan los árboles.

"Se tomaron vacaciones por navidad o año nuevo. Calculo que este mes habrá de nuevo movimiento. Construyeron casas dentro de mi propiedad y están robando la madera de allí", denunció. La lluvia fue un factor importante para que los campesinos cesen sus actividades. "Les cuesta sacar las maderas de esa manera", agregó.

Hasta la fecha, el perjuicio causado al patrimonio de Servicios Legales Gestio SA (Selegesa), a cuyo nombre figuran las tierras, ronda los G. 500 millones. "En esta suma entra madera, quemasones, alambrada, abigeo de ganado", apuntó. Sólo en el año 2015, la estanciera realizó 25 denuncias a la Comisaría de Capiibary, sin tener respuesta de las autoridades.

Sin embargo, señaló que conversó con el ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien le prometió que intentarán apresar al camión que ingresa a su propiedad, con el fin de quitar las maderas para comercializarlas posteriormente en carpinterías clandestinas de la zona. "Inclusive, hay gente que acopia la madera y después la trae a Asunción, así me contaron. Es peligroso, porque cuando ellos ven que les estas vigilando te invaden devuelta", añadió.

De acuerdo a la denuncia, los campesinos también faenan, roban y venden el ganado a carnicerías clandestinas. "Nosotros denunciamos montón de carnicerías, pero no pasa nada", reiteró y citó a las fiscalas Nimia Ávalos, de Capiibary, y Gilda Villalba, de Santaní, a quienes acercó varias denuncias, pero no tuvo respuesta. "Hay que preguntarles qué hacen con las denuncias, si archivan, guardan, coleccionan, decoran, encuadran. Jamás vinieron a la estancia a ver qué pasa", criticó.

Por estas razones, Guiomar tuvo que contratar cinco guardias privados, que le cuestan G. 25 millones al mes, pero no descarta contratar más por la problemática que se vive en el lugar.

Antecedentes

La invasión en la Estancia Panambí, de la familia De Gásperi, inició en el año 2012 y se prolongó hasta el 2014. En febrero del 2015, los campesinos fueron desalojados de la propiedad, sin embargo, en abril del mismo año volvieron a ingresar, aproximadamente, unas 25 familias. En el lugar se registra deforestación de bosques, abigeato de ganado, amedrentamiento con armas de fuego, perjuicios materiales, denuncias que hasta el momento no tuvieron respuesta, según los propietarios.

La fiscala Nimia Ávalos manifestó que el proceso de desalojo de los campesinos es "lento" por los protocolos que se tienen que cumplir. "Hay una carpeta abierta, muchas cosas se hicieron, solo que no se puede solucionar de la noche a la mañana. Es complicado entrar al monte, no podemos saber con exactitud cuántas personas están, no es tan fácil", expresó y agregó que está en comunicación con la propietaria del lugar y que los trabajos "están muy bien encaminados". Finalmente, enfatizó que las denuncias realizadas no llenan las expectativas, ya que son contra personas innominadas. "No tenemos más datos", insistió.

Diego Torales, abogado de la familia De Gásperi

"Los invasores están con protección política. En el caso Panambí, parlamentarios entraron hasta donde estaban los campesinos, siendo que no pueden ingresar sin la autorización de la propietaria. Los campesinos que invaden las tierras ni siquiera son de la zona. Entran, cortan los palos, venden y arman sus casas. Entran y salen constantemente del lugar. Durante el día ponen sus carpas, se sacan fotos, y, a la noche ya no está nadie, es un negocio muy lucrativo. Guiomar De Gásperi ganó en todas las instancias judiciales, sin embargo, el problema con el que tropieza es el protocolo de Desalojo del Ministerio del Interior, que es bastante burocrático".

Justo Cárdenas, presidente del Indert

"El estatuto establece que los invasores no son sujetos de la reforma, hay que tener mucho cuidado con ese punto de la Ley. Los invasores, que permanecen a través de la violencia dentro de una superficie de tierra que no sea del Estado, que sea de particulares o privados, no califica como sujeto de la reforma, pierde ese derecho. El estatuto establece claramente la reversión de las ventas que se hacen de forma ilegítima a favor del Estado paraguayo, desde la perspectiva de los actos administrativos. En el escenario jurídico existe una Ley que penaliza con pena privativa de libertad a los que interactúan dentro de ese contrato. Al recibir las denuncias, realizamos los controles pertinentes".