El asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Luis Canillas, denunció las "llamativas respuestas favorables" que jueces encargados de causas entabladas contra la hidroeléctrica han sentenciado en contra de la misma. Las referidas acciones fueron presentadas por ex funcionarios, refirió.

Canillas indicó que actualmente existen demandas laborales entabladas en contra de la EBY que superan los G. 36.000 millones, monto que podría duplicarse si la Justicia sigue otorgando sentencias a favor de los recurrentes. Resaltó que hay casos en los que fueron emitidas condenas que pueden calificarse de "aberrantes", por lo que la entidad apeló y ahora espera una resolución sensata de parte de los jueces en segunda instancia.

El funcionario detalló que la binacional busca dejar sin efecto unos 300 contratos, los que se sumarán a otros 120 despidos realizados durante este año que fenece. Mencionó que la mayoría de las desvinculaciones corresponden a personas que fueron recomendadas por políticos, quienes acceden a los cargos sin tener la capacidad requerida ni realizan funciones específicas. Explicó que el proceso de depuración en el lado paraguayo se inició a principios del año con la desvinculación de 26 personas.

Canillas cuestionó enfáticamente a los que habiendo sido funcionarios que percibían sueldos muy superiores al promedio del mercado, recurren a todo tipo de maniobras para sacar más recursos a la hidroeléctrica. "Muchos funcionarios que ganando un salario de primer mundo buscan sacar más dinero de la institución", indicó en entrevista concedida a Unicanal.

El abogado manifestó que la EBY tiene una superpoblación de funcionarios y que la nómina de personas que serán despedidas fue elaborada por cada jefe de área, sobre la base de un análisis profundo de cada sector en particular.

Alegó que la empresa binacional no está en condiciones económicas para mantener a una dotación de operarios que no producen nada y aclaró que los mismos se rigen por el Código Laboral, a diferencia del sector público. Yacyretá cuenta con más de 1.900 funcionarios, de los cuales alrededor de 1.000 son contratados. El problema surge cuando estos últimos llegan a los 10 años, porque llegado a ese momento comienzan las demandas exigiendo cobrar los mismos beneficios que tienen los permanentes.