El documento, presentado por el diputado colorado, Oscar Tuma y aprobado por la mayoría, pasa al Senado para su estudio.

El mencionado proyecto establece que se considerará infractor a todas las personas que se dedican a la reventa de las entradas con un precio superior a lo establecido en las boletas o ticket emitidos por los organizadores del evento.

Ordena además que las personas que violaren las disposiciones en la presente ley serán castigadas con multas de 5 a 15 salarios mínimos legales y la confiscación de las entradas que se encontraren en su poder.

En caso de corrupción entre el revendedor y los organizadores o viceversa serán castigados con penas privativas de libertad de hasta tres años.