Toda América observará hoy con mucha atención y expectativa la evolución de los acontecimientos en Venezuela, donde se realizan unas cruciales elecciones legislativas.

Por primera vez surge con nitidez la posibilidad de que el chavismo pierda su mayoría en el Congreso, lo que sería un duro golpe para el gobierno encabezado por Nicolás Maduro. Los comicios se producen en un ambiente de extrema tensión: el propio presidente Maduro ha insinuado con claridad que podría no reconocer los resultados y anunció que no dudaría en "echarse a las calles" junto a sus seguidores si se registrara un revés en las urnas.

Que un mandatario –de quien se espera mesura y amplitud de miras– formule semejantes declaraciones no hace sino derramar combustible al fuego. No es extraño que un importante sector del chavismo llame a la abstención, retirando su respaldo a los candidatos del oficialismo. Existen además fundadas sospechas acerca de la limpieza y confiabilidad de las elecciones, considerando que el mismo gobierno venezolano rechazó una misión de observación electoral de la OEA.

No es un detalle menor que el secretario general de esta organización, el uruguayo Luis Almagro, pertenezca a una agrupación de izquierdas supuestamente afín al presidente Maduro y a su sector político. Pese a ello, el mandatario venezolano no solo no tuvo reparos en prohibir la presencia de enviados de la OEA en las elecciones, sino que además calificó a su máxima autoridad como "basura".

Observadores de la OEA recorren el continente acompañando los procesos electorales, inclusive municipales, con frecuencia a pedido de los propios estados. No solo reciben denuncias y verifican que los incidentes no alteren el curso de las votaciones, sino que además ofrecen sugerencias y diagnósticos de mucha utilidad. De ahí que la actitud de Maduro despierte justificada desconfianza y recelo.

Los elementos de tensión no acaban allí. Hace poco, el fiscal que llevó el caso que condujo a la condena de casi 14 años de prisión al líder opositor Leopoldo López reconoció públicamente que las pruebas fueron fraguadas. Se trata de un claro indicio de manipulación de la justicia y las instituciones en función de una persecución política.

Así las cosas, este país latinoamericano y miembro del Mercosur está caminando al borde del abismo, ya que no es insensato pensar que este complejo proceso pueda derivar en la instalación de un régimen definidamente dictatorial o en el inicio de una espiral de violencia de consecuencias imprevisibles.

El rasgo más dramático del panorama político venezolano es la extrema polarización de su sociedad. Da la impresión de un país partido al medio en el que una mitad no escucha a la otra y todos los puentes de diálogo están irremediablemente rotos. Es una dinámica de exclusión iniciada hace ya varios años por quienes hoy siguen en el poder y que puede llevar a escenarios muy peligrosos para la paz y la vida institucional de esa nación.