Las fiscalas Teresa Sosa y Lorena Ledesma presentaron acusación y pidieron la elevación de la causa a juicio oral y público de dos abogados que están sindicados de haber supuestamente estafado a una maestra jubilada, que vio cómo se embargaba su sueldo por una demanda que se le inició, y que le causó un perjuicio patrimonial.

El Ministerio Público acusó a los abogados Zully Concepción Ortiz García y Dionisio Gavilán Giménez por estafa. La señora María Emilce Alvarenga de Godoy es docente jubilada, y cuenta con un haber jubilatorio del Ministerio de Educación, que lo percibe a través de la Dirección General de Jubilados y Pensionados del MEC.

Ella denunció que en el año 2011 un vendedor de Comercial San Patricio, de nombre Carlos, le ofreció electrodomésticos y para adquirir los productos debía firmar autorizaciones de descuentos de su sueldo. Así se comprometió a pagar 18 cuotas de G. 85.000 cada una, totalizando la suma de G. 7.650.000.

Luego el vendedor le solicitó que firmara dos autorizaciones de descuentos más para recibir un congelador de la marca Gafa de 300 Lts. Se les descontaron 18 cuotas de G. 85.000 nuevamente sumando estas dos el monto de G. 3.060.000. Luego, en diciembre de 2014, la maestra solo cobró G. 37.000 y le informaron que tenía un embargo judicial de la citada firma en el Juzgado de Mariano Roque Alonso.

Al presentarse en el juzgado le informaron que la demanda fue en concepto del congelador que ya estaba pagando vía descuento directo de su sueldo, y además en las facturas y autorizaciones de descuentos presentados ante el Juzgado fueron agregados otros productos, como un equipo de sonido Philips 6500, que no adquirió.

En el expediente se puede notar que los juicios fueron iniciados por los abogados Ortiz García y Gavilán Giménez, en nombre y representación de Comercial San Patricio S.A., acompañados de carta poder otorgada por la empresa, firmado por Atilio Nicolás Pereira Otazú.

Los letrados iniciaron la demanda contra la docente, domiciliada en Horqueta, Concepción, por la suma de G. 5.355.000, debido a una supuesta deuda por el "Freezer Gafa 300 L." y un "Equipo de sonido Philips 6500". La docente declaró que le fueron descontadas varias cuotas por el congelador, pero que de todas maneras le iniciaron los juicios ejecutivos, que no tuvo conocimiento sino luego de los embargos de su salario.

La acusación de la Fiscalía remarca que los abogados Ortiz García y Gavilán Giménez iniciaron dos juicios diferentes duplicándose de esa manera lo reclamado, lo que produjo un perjuicio patrimonial para la profesora jubilada.