El fiscal Yoan Paul López emplazó por 24 horas a propietarios de 20 empresas de transporte público de pasajeros que no presentaron los documentos de los vehículos para poder comprobar los títulos que corresponde a cada uno de los buses. Entre los papeles de identificación se solicita la cédula verde, así como los certificados de importación y de habilitación municipal, entre otros.
Los propietarios de las empresas de transporte, al ser renuentes en contestar los pedidos de informes que solicita el Ministerio Público, se exponen a una investigación por frustración de la persecución y ejecución penal, establecida en el artículo 292 de Código Penal.
La Fiscalía intimará, nuevamente, con carácter de urgencia para que las líneas de transporte que aún no presentaron las documentaciones entreguen la información.
LAS LÍNEAS
Entre las empresas que serán intimadas por la Fiscalía se cita a 1º de Marzo, línea 133; Automotores Guaraní, línea 47; Ciudad de Guarambaré, línea 32; Ciudad de Villeta, línea 232; Automotores Guaraní, línea 15; Campo Limpio SA, línea 36; Transportistas Guaraní, líneas 2 y 7; Coronel Thompson, línea 14; Curupayty SRL, línea 12; Lago Azul, línea 128-2; Ciudad de Luque SRL, línea 5; Ciudad de Limpio SRL, línea 34; Cerro Koi SA, línea 203; La Aregüeña SA, línea 242; Ciudad de Capiatá SRL, línea 53; Capiatá SRL, línea 58; Circular SRL, línea 96; Empresa 1º de Diciembre, línea 41; Ciudad de Mariano Roque Alonso, línea 441; Automotores Villa Hayes SRL, línea 19.
DENUNCIA
Los buses presumiblemente pertenecientes a estas empresas fueron denunciados por el Viceministerio del Transporte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por presunta adulteración de los años de fabricación.
El caso se pudo detectar gracias a una investigación inicial hecha en forma conjunta entre la ex Secretaría del Transporte del Área Metropolitana, la firma importadora Cóndor SACI y la Dirección Nacional de Aduanas, en la que se buscaba identificar y desbaratar una presumida organización compuesta por aduaneros, despachantes, importadoras y transportistas, que desde hace años legalizarían los buses con más años de uso de lo permitido por la ley, según la denuncia formulada ante el Ministerio Público.