Por Lourdes Torres Lugo

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De los 80 postulantes que se presentaron para defensor del Pueblo, se distingue la figura de José Nicolás Morínigo, un ex convencional constituyente, ex senador de la Nación y reconocido luchador por los Derechos Humanos. Accedió a una entrevista con La Nación para hablar de sus proyectos e ideas en su calidad de candidato a defensor del Pueblo.

Morínigo propone buscar la creación de una suerte de sedes de Defensoría Pública en cada distrito del país. Expresó además que cumplirá con los tres ejes principales de la función que establece el artículo 276 de la Constitución Nacional, que es la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.

– ¿Si usted fuera electo defensor del Pueblo, por donde empezaría?

– Para mí hay cuestiones claves, como que la gente conozca qué son los DDHH y para qué están. Será necesario plantear como tarea de carácter educativo que deberá iniciar con la integración al currículum de la Educación Básica y Media, trabajando con el Ministerio de Educación. Desde la Defensoría propondremos charlas sobre derechos humanos y sobre todo los aspectos que deben ser considerados para alcanzar una sociedad más justa y más humana.

– ¿Cuáles serían esas acciones específicas?

– La Defensoría del Pueblo debe llegar a todo el país y no solo en lugares privilegiados, estar presente en todos los departamentos. Para ello será necesario crear una suerte de sucursal o representación de la Defensoría en cada distrito de país. Buscando el apoyo entre la sociedad civil que sean los que escuchen el clamor, planteamientos y demanda de todos los sectores sociales, y en consecuencia, que sean capaz de plantear alternativas resolutivas desde el punto de vista legal, operativo y práctico.

– ¿Con qué otras instituciones podría trabajar?

– El defensor del Pueblo debe tener una excelente vinculación con los DDHH que están en el Ministerio del Interior y la Fiscalía, de manera a plantear algo articulado y serio. También podría trabajar con representantes universitarios que tenga real interés en generar una sociedad más justa, más digna, como lo establece la Constitución de acuerdo a los criterios de la dignidad humana.

– ¿Qué se entiende por reclamos populares, por el cual el defensor deberá ver según la Constitución?

– Deberíamos tener una conversación a fondo con la comisión de DDHH del Congreso, de manera a clarificar las condiciones y requisitos para poder alcanzar los reclamos populares, no sea se convierta una suerte de exigencia de intereses particulares que presentan como reclamos populares. Para eso necesitamos una clarificación jurídica de la expresión, para conocer su contenido, su alcance y que realmente pueda ser aplicado en la práctica. No obstante, los reclamos populares expresan las inquietudes de la gente, en relación a intereses de carácter comunitario.

– ¿Qué funciones cumplió hasta ahora el defensor del Pueblo?

– El problema grave que tenemos es que no se fijaron con claridad las condiciones de la participación, por eso el defensor del Pueblo operaba en cuestiones concretas. Ejemplo, cuando salió la ley del pago a los que fueron torturados, penado durante la dictadura, simplemente se dedicó a eso, y me parece bien. Pero también involucró a aquellos que estaban actuando en nombre de la dictadura para dañar a las personas. Entonces, eso se convirtió en un maremágnum que al final, más que aclarar las cosas trajo mayor confusión.

– Entonces, ¿qué tipo de asistencia debe brindar?

– Uno de ellos es el reconocimiento del problema indígena, que ya había sido reconocida por el gobierno anterior. Por otra parte, está el problema campesino, que sin ser muy agudo como lo fue en la década del 60-70, en este momento sigue siendo un problema fundamental, pero no en forma cuantitativa. También están las demandas, de la población económicamente activa, que será necesaria una vinculación con los jóvenes para conocer sus demandas, planes, proyectos a fin de canalizar de manera que puedan realizar.

¿Qué otras acciones cree necesaria para mejorar a la institución dentro del esquema del Estado?

– No hay que olvidar que el defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario, pero que no tiene ni función judicial, ni atribuciones ejecutivas. Por lo tanto, siendo un comisionado parlamentario, acá es fundamental esa interrelación adecuada con los legisladores, que debe de ser a través de la Comisión de DDHH, a fin de articular los trabajos en forma coordinada con la Defensoría.

– ¿Está haciendo lobby con el Senado, de manera a lograr su elección, y cree imprescindible contar con el apoyo político?

– Desde luego que es imprescindible contar con ese apoyo; tengo algunas personas referenciales en el Senado que conocen mi gestión como presidente de la Comisión de DDHH, me conocen desde la universidad, como estudiante y profesor. Ahora bien, tengo mucho cuidado en aparecer como generador o produciendo una especie de presión sobre las personas. Esta responsabilidad corresponde a los senadores y diputados, ellos tienen que elegir al mejor y lo digo sin saber a quien van a elegir.

– ¿Qué opina de la gestión del defensor saliente?

– El defensor del Pueblo realizó una tarea meramente burocrática y sobre todo no fue capaz de representar y defender adecuadamente los intereses comunitarios. Me da la impresión que estamos en un proceso, no olvidemos que la figura del defensor del Pueblo es nueva, y va acompañando de la realidad social.

No creo que Páez Monje se haya convertido en protagonista de este proceso de consolidación de los derechos humanos y del defensor del Pueblo. Pero tampoco fue una tarea realizada sin considerar determinadas demandas y posibilidades que lastimosamente necesitaba un mayor protagonismo que no lo tuvo y eso pues significó una suerte de limitación para la consolidación de la Defensoría del Pueblo como una institución fundamental en la Constitución Nacional.