Según los datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que mide las principales seis regiones de Brasil, la desocupación aumentó en 1,2 puntos en la comparación interanual. No obstante, el desempleo sigue estando en niveles bajos, en términos relativos con otras grandes economías.

La población desempleada es de 1,5 millones de personas, más de 280.000 trabajadores que los medidos un año atrás, y el país registra 22,8 millones de personas en actividad.

Brasil cerró el 2014 con una tasa de desocupación de 4,8%, el nivel más bajo desde que comenzó la nueva serie en 2002.

La séptima economía global atraviesa un período de estancamiento, que recorre su quinto año, y repercute en varios de sus principales indicadores, como las cuentas públicas (el déficit de cuenta corriente en lo que va del año es de 25.394 millones de dólares) o la balanza comercial (tiene un rojo de 6.110 millones de dólares en el primer trimestre), en un contexto de precios en alza.

Precisamente esa escalada llevó al Banco Central a subir la tasa de referencia a 12,75% en marzo, la cuarta subida consecutiva. Este miércoles, se conocerá la nueva decisión sobre la tasa de la entidad rectora del sistema financiero.

Este mes, el Fondo Monetario Internacional proyectó que el PIB de Brasil se contraerá 1% este año, cerca del 1,1% que esperan los operadores del mercado, según la última consulta realizada por el Banco Central.

Brasil fue afectado por la caída de los precios de las materias primas, y según la descripción del FMI, el sector privado atraviesa una crisis de confianza con problemas de competitividad ligados a falencias en su infraestructura, costos altos y estrecheces en las áreas de energía y agua.

El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff emprendió una cruzada para moderar el gasto público y reencauzar las cuentas públicas. Pero la ejecución de ese programa encuentra obstáculos de naturaleza política, que comenzaron a expresarse desde la propia ajustada victoria electoral que llevó a Rousseff a su segundo mandato, que comenzó el 1 de enero.

Además, un inmenso escándalo de sobornos y fraudes afectó a Petrobras, la petrolera controlada por el estado, y derivó en la apertura de investigaciones a políticos y empresarios, que asedia al gobernante Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), que quedó en el centro de una indagación sobre la forma en que se financió durante la última década.