Varios importadores de productos de higiene personal, cosméticos y perfumes de Ciudad del Este desde el 1 de enero de este año no están pudiendo despachar mercaderías por aproximadamente US$ 20 millones, debido a esto piden al Poder Ejecutivo una prórroga de 30 días para desaduanizar los productos.

Esto teniendo en cuenta que desde la entrada en vigencia del Decreto N° 2.881/2014 se exige la presentación de algunos requisitos de importación de imposible cumplimiento como la copia legalizada del Poder de Representación otorgado por el titular del producto o fabricante o representante debidamente autorizado, a la empresa solicitante. Sin el documento, no puede ser concedido el registro sanitario para proceder al despacho de los productos.

En la nota remitida ayer al primero del Ejecutivo, Horacio Cartes, los responsables de Vargos SA, Thompson INTL SA, Bega Import Export SA y Eras Group expresan que es muy difícil conseguir el poder de representación, ya que las distribuidoras de países como Estados Unidos ya cuentan con todos los registros sanitarios y los importadores se ajustan a los mismos.

La disposición del Ejecutivo argumentaba que los productos de higiene personal, cosméticos y perfumes exigen comprobación de seguridad y eficacia, informaciones, cuidados, modo y restricciones de uso.

En ese sentido, deben estar diferenciadas de acuerdo al grado para prevenir efectos no deseados debido al uso inadecuado del producto. Además se tiene que especificar su formulación, finalidad de uso, áreas del cuerpo a las que es destinado y cuidados a ser observados en su utilización.

Los importadores solicitaron además al presidente Cartes una reunión para explicar los efectos negativos del decreto y buscar una alternativa que asegure los beneficios para ambas partes. Aseguraron que las mercaderías son originales, y que solo quieren. Señalan que si no encuentran una solución, irán a la quiebra.

Remarcaron que el decreto lesiona el derecho de dedicarse libremente al comercio, teniendo en cuenta que el trabajo que realizan es lícito aportante de importantes sumas de dinero al fisco. Además, considerando que generan fuentes de ingresos a cientos de familias, la disposición "coarta el derecho a trabajar en el país".