La fiscala general del Estado, Alba Cantero, sumó a la agente Sonia Sanguinés para investigar las denuncias de extrabajadores de Mburuvicha Róga sobre pruebas de polígrafo y despidos.

La fiscala general del Estado, Alba Can­tero, resolvió refor­zar la pesquisa por presunta vulneraciones de derechos denunciadas contra la ges­tión de Santiago Peña a par­tir del relato de una extraba­jadora de Mburuvicha Róga y su entorno.

Por medio de la Resolución n.º 4694/2026 incorporó a Sonia del Carmen Sanguinés Bidondo, de la Unidad Espe­cializada de Derechos Huma­nos n.º 2, para actuar junto con Zully Concepción Figue­redo Silva, de la Unidad n.º 1, bajo la coordinación de la fis­cala adjunta María Soledad Machuca Vidal.

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Ambas agentes podrán inter­venir de forma conjunta, alternada o independiente en el expediente caratulado como “Santiago Peña Palacios y otros s/ a determinar”, ante la magnitud y complejidad de las diligencias previstas.

La medida se conoció tras las declaraciones del esposo, el hijo y la hermana de Luz Maribel Candado Romero –quien postergó su audiencia por motivos de salud–, asisti­dos por el abogado Juan Pablo Mendoza.

PRUEBAS DE POLÍGRAFO

El núcleo familiar de Can­dado denuncia haber atra­vesado pruebas de polígrafo sin aval legal y reclamos por una supuesta devolución de dinero sin cifra definida, antes de perder sus empleos en lo que califican como una persecución. Según el escrito ingresado hace cerca de un año, el grupo empezó a pres­tar servicios para la familia de Peña en 2019 y, tras el inicio de su mandato en 2023, pasó a desempeñarse en Mburuvi­cha Róga, donde ella asumió como coordinadora.

En su testimonio, la exfun­cionaria afirmó que halló dos sobres con USD 100.000 cada uno, en octubre de 2024 y febrero de 2025, y que se los entregó directamente al enton­ces presidente, quien le habría dicho que los fondos eran suyos y pidió replicar la con­ducta ante eventuales hallaz­gos similares. A raíz de estos hechos, Peña impulsó una causa por supuesto hurto con­tra Candado, mientras que ella asegura que posteriormente el grupo enfrentó interrogatorios y pruebas de polígrafo a cargo de personal militar, además de la desvinculación laboral y difi­cultades para reinsertarse en el mercado de trabajo.

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