Con el rechazo de esta última presentación, la condena adquirió carácter de cosa juzgada y quedó habilitada para su ejecución inmediata por parte del Juzgado de Ejecución.

La jueza María Lidia Wyder dispuso la orden de captura del exdiputado Miguel Cuevas para el cumplimiento efec­tivo de la condena de cinco años de prisión por enrique­cimiento ilícito y declaración falsa. La resolución judicial fue librada tras recibir el expediente devuelto por la máxima instancia judicial, dando cumplimiento así a la etapa de ejecución penal una vez agotadas todas las vías recursivas ordinarias y extraordinarias interpuestas por la defensa técnica.

La medida se dicta luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejara firme la sentencia condenatoria tras decla­rar inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, contra el acuerdo y sen­tencia de segunda instan­cia que previamente había ratificado el fallo de primera instancia. Con el rechazo de esta última presentación, la condena adquirió carácter de cosa juzgada y quedó habili­tada para su ejecución inme­diata por parte del Juzgado de Ejecución.

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Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el Tribu­nal de Sentencia que con­denó al exlegislador el 15 de setiembre de 2023, luego de casi tres años de un extenso proceso judicial marcado por incidentes procesales, pericias contables y análi­sis de documentos financieros. Durante el juicio oral y público, el colegiado concluyó que el acusado no pudo justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 registrado entre los años 2009 y 2019 –periodo en el que ejerció cargos públicos como inten­dente de Sapucái, goberna­dor de Paraguarí y diputado nacional–, además de haber consignado datos falsos en sus declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas ante la Contraloría General de la República.

EMBARGO PREVENTIVO

A través de esta decisión definitiva, también quedó firme el comiso especial y el comiso sustitutivo sobre los bienes del condenado, además del mantenimiento de los embargos preventi­vos y las inhibiciones gene­rales de gravar y enajenar inmuebles hasta cubrir la suma de G. 1.934.000.000, monto equivalente al per­juicio patrimonial compro­bado en el juicio. Asimismo, como pena accesoria esta­blecida en el fallo, Cuevas se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funcio­nes públicas por el mismo plazo de la condena.

Con la orden de captura vigente, el oficio fue remi­tido a la Policía Nacional para proceder a la detención del exparlamentario y su poste­rior traslado a una peniten­ciaría nacional, donde deberá compurgar la pena impuesta por la Justicia.

Investigación de Nación Media destapó el caso

Un año y ocho meses duraron las investigaciones de La Nación y que dejó al descubierto el caso del exdiputado Miguel Cuevas, hoy buscado por la Justicia.FOTO: ARCHIVO

Documentos públicos, registros de propiedades y declaraciones juradas analizadas durante 20 meses por el equipo de investigación de Nación Media revelaron el desajuste financiero que derivó en el proceso judicial y la condena firme.

El proceso judicial que cul­mina con la orden de cap­tura del exparlamentario tuvo su punto de partida en una exhaustiva investi­gación periodística desa­rrollada durante 1 año y 8 meses por el equipo de Nación Media, a través de las publicaciones del diario La Nación.

El trabajo de campo y análi­sis documental puso al descubierto un sostenido y des­proporcionado crecimiento patrimonial de Miguel Cue­vas a lo largo de su paso por la función pública —tras desempeñarse como inten­dente de Sapucai, gober­nador de Paraguarí y pre­sidente de la Cámara de Diputados—, contrastando sus ingresos oficiales como servidor del Estado con la repentina adquisición de estancias, propiedades de alto valor, ganado y movi­mientos financieros millo­narios.

Las revelaciones sustenta­das en documentos públi­cos, registros de propiedad y declaraciones juradas moti­varon la apertura de la causa penal por parte del Ministe­rio Público y aportaron los elementos iniciales clave que permitieron sostener la imputación, el juicio oral y la posterior condena firme por enriquecimiento ilícito y declaración falsa.

Facturas falsas que sirvie­ron para engañar a fami­lias campesinas, contratación de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la gestión de la merienda escolar y decenas de denun­cias en la Contraloría por supuesta malversación de fondos, son algunos de los “clavos” que dejó en la Gobernación de Paraguarí el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, de acuerdo a la investigación periodís­tica publicada por el dia­rio La Nación en agosto de 2018.

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