La iniciativa consiste en conformar un consejo de administración y de esa manera poner en marcha las firmas que serían rentables y que pararon tras la caída de Ueno Bank.

El ministro de Indus­tria y Comercio, Marco Riquelme, anunció el impulso de una ley para poner en marcha las empresas del Grupo Vázquez que actualmente no están operando. La iniciativa con­siste en conformar un con­sejo de administración y de esa manera poner en marcha las firmas que pararon tras la caída de Ueno Bank.

En conferencia de prensa brindada en Mburuvicha Róga, el secretario de Estado explicó que será una norma­tiva de carácter temporal, es decir, servirá para responder a las obligaciones y demandas. “La ley crea un consejo admi­nistrado por distintas entida­des dentro del Ejecutivo del Gobierno, designa un admi­nistrador temporal, no tiene ningún costo para el Estado paraguayo porque este admi­nistrador va a ser pagado por el mismo flujo de las empre­sas vinculadas al Grupo Váz­quez y tiene como finalidad principal mantener el fun­cionamiento de estas empre­sas”, indicó.

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“Hay algunas empresas que funcionan y que son renta­bles y que tenemos que tratar de mantener ese funciona­miento para poder salva­guardar dos cosas, una es el patrimonio, que es el valor de la empresa, y segundo son las personas afectadas y que están trabajando hoy en esas empresas y que no quieren perder su trabajo”, precisó sobre los objetivos de la iniciativa. El proyecto de ley fue puesto a conside­ración del Legislativo para su análisis.

QUIEBRAS Y VENTAS

Seguidamente, el secreta­rio de Estado expuso que hay dos vertientes posibles, la primera consiste en que ciertas firmas no puedan sostener, por lo que irán a quiebra, mientras que las que tengan capacidad de sustento podrán vender sus respectivas operativas. “Hay algunas empresas que segu­ramente van a ir a quiebra, que esos funcionarios van a tener la resolución que ten­drían con el mecanismo tra­dicional de quiebras y hay otras empresas que, segu­ramente, se van a terminar vendiendo operativas, como para que el nuevo dueño pueda tomar el mando de la empresa y que pueda conti­nuar con el pago salarial de los funcionarios”, dejó en claro.

Por su parte, Eduardo Gon­zález, asesor jurídico de la Presidencia de la República, indicó que se espera concre­tar el finiquito de la situación de las compañías en cuestión en el plazo de ocho meses.

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