El acta de imputación fiscal del viernes último amplía la imputación contra el expresidente Santiago Peña y el extitular del Banco Central del Paraguay Carlos Carvallo, además de incluir en el proceso a tres exdirectores de la banca matriz.

El documento fiscal relata cómo fueron los pasos que dieron presuntamente los miembros de este esquema para ignorar alertas y alterar incluso un pedido de informe sobre el estado de Ueno Bank.

Los exintegrantes del directorio del BCP Marco Aurelio González Maldonado, Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora fueron imputados por lesión de confianza y asociación criminal; al primero se le añaden la producción y el uso de documentos públicos de contenido falso.

El acta fiscal, presentada el 13 de noviembre, describe una estructura instalada dentro del propio Estado para proteger al Grupo Vázquez y a Ueno Bank. En ese esquema, el directorio habría funcionado como un “bloque de pasividad”: tenía en sus manos los informes técnicos que advertían el déficit de solvencia y las maniobras con empresas vinculadas, pero nunca exigió el plan de regularización que manda la ley ni suspendió la captación de depósitos.

En el caso del exprocurador general de la República Marco Aurelio González, la pieza central de la acusación es el informe remitido al Senado a finales de setiembre. Con el área jurídica bajo su coordinación, el director habría participado de reuniones reservadas con Carvallo, el superintendente Holger Insfrán y el jefe jurídico Aldo Rodríguez, a espaldas del resto del directorio, para reescribir la respuesta preparada por la Superintendencia. Un correo interno habla de “las incorporaciones del Dr. González”.

El propio Insfrán advirtió luego que el borrador suprimía los argumentos técnicos y afirmaba cosas que no estaban en el informe original: la versión final sostuvo que el exceso crediticio estaba “subsanado” y omitió que la venta de cartera a Vinanzas se habría pagado con dinero del mismo banco.

Antes, González ya había recibido el memorando del exgerente de Supervisión del BCP Fernando Rivarola, que alertaba sobre esa triangulación, un correo que Insfrán intentó recuperar por orden de Carvallo. De acuerdo a lo que sostiene el Ministerio Público, no lo habría puesto a conocimiento formal del directorio.

A Liana Caballero se le reprocha que, al recibir la nota ya enviada al Congreso, dejó constancia de que no la validaba, pero no pidió su rectificación ni la intervención del banco. Mientras que a Mora, un funcionario de larga data de la banca matriz que presidió de forma interina la sesión en la que solo se abrió un sumario y que, pese a coordinar el área de mercado, no reaccionó ante las desesperadas campañas comerciales de Ueno Bank.

Para los agentes del Ministerio Público esa inacción tuvo un costo concreto: tras el envío del informe al Senado, el banco salió a captar ahorristas con promociones agresivas hasta su colapso, el 2 de noviembre.

Cada nuevo depósito garantizado terminó cargándose al Fondo de Garantía de Depósitos, además de comprometer fondos públicos y previsionales.

La Fiscalía pidió prisión preventiva para González y arresto domiciliario con tobillera para Caballero y Mora, junto con la inhibición de sus bienes. Los tres fueron detenidos y quedaron a disposición del juez de Garantías. Todas las conductas descriptas son atribuciones del Ministerio Público en una etapa inicial de la investigación.

El exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay Holger Insfrán Ibarrola fue imputado por lesión de confianza agravada y asociación criminal en la causa por el blindaje a Ueno Bank. De acuerdo a la imputación del Ministerio Público, el funcionario habría usado su cargo para proteger al ente privado: habría validado la venta de cartera a Vinanzas, que el Ministerio Público califica de simulada, y no habría aplicado multas obligatorias ni actuado ante las alertas de insolvencia.

El acta de imputación lo coloca en una posición clave en los hechos que desembocaron en el colapso del Ueno Bank. El 9 de setiembre envió el memorando Rivarola al director Marco Aurelio González y, por orden de Carlos Carvallo, intentó recuperar ese correo.

El documento fiscal señala además que el 5 de octubre participó de las reuniones reservadas en las que se reescribió la respuesta al Senado. Sin embargo, al día siguiente advirtió por escrito que ese borrador suprimía argumentos técnicos de su propia Superintendencia. Pese a mostrar esa discordancia, Insfrán –junto a González y Mora–, tres días después, lo defendió ante los senadores.

El 8 de noviembre, Insfrán pidió un acta notarial cuyo contenido el expediente no detalla, y el 12 su casa fue allanada. Fue detenido y ahora está imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, este último delito agregado el viernes a la tarde.