El acta de imputación del Ministerio Público describe cómo operaba la estructura cuya cabeza era el expresidente de la República, que ahora enfrenta tres hechos punibles.

Según el acta de la Fis­calía, el esquema que derivó en el colapso de Ueno Bank no se limitó a una entidad financiera con problemas y que acabó yendo a pique. El Ministerio Público lo describe como una estruc­tura organizada y jerárquica dentro del propio aparato esta­tal, cuyo fin era subordinar el sistema financiero y sus órga­nos de control a los intereses del Grupo Vázquez. En la cima de todo este esquema se ubica al expresidente Santiago Peña.

Peña y subalternos “habrían conformado una estruc­tura organizada y jerárquica inserta dentro del propio apa­rato estatal, con el propósito permanente de subordinar el sistema financiero y los órga­nos de control a los intereses particulares del conglome­rado Grupo Vázquez/Ueno Bank, con el cual el propio mandatario habría mante­nido intereses patrimonia­les cruzados”, destaca el acta de imputación que firmaron los agentes Christian Bení­tez, Silvia González, Elena Fiore, Ruth Benítez, Laura Giacummo, Verónica Valdez y Marlene González. El Minis­terio Público amplió la impu­tación el 13 de noviembre de 2026 y sumó el hecho punible de asociación criminal. El acta sostiene que, desde la Presiden­cia, Peña habría actuado como “jefe de la estructura”.

La parte que compromete más al expresidente tiene que ver con ser considerado como la cabeza de esta organización. Según el acta de imputación, Peña “habría mantenido reu­niones clandestinas periódicas en Mburuvicha Róga con Fede­rico Miguel Vázquez (presi­dente del grupo financiero) para coordinar las necesidades del conglomerado. Habría impar­tido las directivas públicas e ins­titucionales de no intervenir la entidad, habría frenado mediá­ticamente las alertas de insol­vencia y habría recibido perso­nalmente contraprestaciones ilícitas”, añade.

También habría colocado y mantenido a personas de su confianza en los cargos clave del Banco Central. Carlos Car­vallo, que antes había presi­dido financiera Ueno, quedó al frente del BCP. Holger Insfrán siguió en la Superintendencia de Bancos. Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González integraban el directorio.

De acuerdo a la tesis de la Fis­calía, el vínculo con el grupo empresarial pasaba por reu­niones reservadas en Mburuvi­cha Róga con Federico Miguel Vázquez, presidente del grupo. Según los fiscales, allí se coor­dinaban las necesidades del banco. Peña habría impartido directivas para evitar la inter­vención de Ueno y frenar las alertas públicas sobre su insol­vencia. La Fiscalía también menciona sobres con dinero en efectivo.

En la imputación, cada esla­bón de esta estructura tenía su propio rol. Así, por ejemplo, a Insfrán se le atribuye haber usado su cargo en la Super­intendencia de Bancos para evitar medidas correctivas. A los directores, omisiones en sus deberes de control: según el relato fiscal, entre junio y octubre se ignoraron reitera­das alertas técnicas internas sobre el deterioro del banco. La maniobra más ilustrativa es la venta de una cartera de crédi­tos a Vinanzas SA por USD 74,4 millones, en junio de 2026. Se presentó como una operación al contado. Sin embargo, el dinero con que Vinanzas pagó provenía de empresas que antes habían recibido finan­ciamiento del propio Ueno. Así el banco habría maquillado su situación con sus propios fon­dos. El esquema se derrumbó el 2 de noviembre. Ese día el BCP dispuso la resolución de Ueno, cuya solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal. El costo quedó expuesto en el Fondo de Garantía de Depósitos.