El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.

La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación crimi­nal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la amplia­ción de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expre­sidente del BCP, por el hecho punible de asociación crimi­nal. También fueron imputa­dos por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de docu­mentos públicos de contenido falso, uso de documentos públi­cos de contenido falso, lesión de confianza y asociación cri­minal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser con­sultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modi­fica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González pre­suntas omisiones en sus debe­res de control como integrantes del directorio del Banco Cen­tral. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impul­sar oportunamente las medidas previstas en la legislación ban­caria. El acta señala que, pese a los informes técnicos dispo­nibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión pre­ventiva de determinadas ope­raciones. En particular, la Fis­calía atribuye a Marco Aurelio González una presunta parti­cipación directa en la modifi­cación de un informe institu­cional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer vier­nes. La medida afecta a Mar­cos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes debe­rán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde perma­necerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judi­cial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarro­llan las diligencias vinculadas a la causa.

El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.

Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.

El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.