Todos ellos deberán cumplir la reclusión cautelar en un establecimiento penitenciario.
El avance de la investigación penal sobre el presunto vaciamiento y manejo irregular de ueno bank ha derivado en la imposición de las primeras medidas cautelares personales y patrimoniales.
La causa, a cargo del Ministerio Público y radicada ante la Justicia Penal de Garantías, analiza la responsabilidad de 27 personas –entre directivos del banco, empresarios y representantes legales– por un complejo esquema de operaciones financieras presuntamente irregulares desarrolladas entre los años 2025 y 2026.
MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS POR EL JUZGADO
El juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia resolvió decretar la prisión preventiva para seis de los principales procesados vinculados a la alta gerencia y al directorio de la entidad financiera:
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Pedro Daniel Rey, Alejandro Gómez, Diego Duarte y Miguel Ángel Almada.
Todos ellos deberán cumplir la reclusión cautelar en un establecimiento penitenciario. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de las investigaciones e impedir acuerdos procesales indebidos, el magistrado ordenó a las autoridades del sistema penitenciario disponer lo necesario para evitar que compartan celda, estableciendo además la prohibición expresa de comunicación entre los imputados.
Por otro lado, a dos directivas procesadas en la causa se les otorgó el beneficio del arresto domiciliario con control vía tobillera electrónica, atento a que ambas acreditan la condición de madres de niños pequeños.
EL ESQUEMA FINANCIERO, BAJO SOSPECHA
De acuerdo con los pormenores de la imputación fiscal, la investigación sostiene que la cúpula directiva del banco autorizó financiamientos millonarios, créditos de alto riesgo y sobregiros recurrentes a favor de empresas pertenecientes a su propio grupo económico.
Entre las principales empresas prestatarias observadas por la fiscalía figuran: MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
En octubre de 2025, ueno bank solicitó a la Superintendencia de Bancos la desvinculación formal de estas sociedades comercialmente relacionadas. No obstante, pese a no contar con la resolución ni la aprobación del órgano regulador, la entidad bancaria continuó aprobando créditos sin garantías reales suficientes, fijando plazos extensos e ignorando los análisis de riesgo crediticio.
DESVÍO DE FONDOS ENTRE EMPRESAS VINCULADAS
El Ministerio Público sostiene que los financiamientos otorgados no tenían por objeto financiar proyectos de producción real de las prestatarias. En su lugar, el dinero ingresado a empresas como Grupo M SA era transferido de manera inmediata a otras firmas del mismo conglomerado empresarial –tales como ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, Red Digital SA y KAITEL SA– para saldar deudas bancarias, cubrir sobregiros y pagar pasivos operacionales de terceros.
La desproporción financiera era evidente: en el caso de Grupo M SA, la firma mantenía deudas por G. 126.776 millones frente a un patrimonio neto de apenas G. 5.327 millones, lo cual evidencia una situación de sobreendeudamiento incompatible con los parámetros técnicos de concesión de crédito.