El Ministerio de Economía denunció ante la Fiscalía a los responsables del banco en resolución. Había colocado fondos jubilatorios en la entidad en julio de 2025.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó una denuncia ante la Fiscalía contra los directivos y responsables de ueno bank SA, por hechos que podrían constituir delitos contra el patrimonio del Estado. En el centro de la controversia están más de G. 250.000 millones de recursos jubilatorios que la cartera colocó en el banco en julio de 2025.
La denuncia está firmada por el ministro Óscar Lovera Chávez, con el patrocinio del abogado del Tesoro, Fernando Benavente. Sostiene que la situación patrimonial que hoy constata el Banco Central del Paraguay (BCP) “difiere sustancialmente” de la que ueno exhibía cuando el Ministerio decidió invertir, y que el dinero se colocó “sobre la base de esa información”.
El documento presentado ante el Ministerio Público indica que G. 250.000 millones de capital de los G. 123.838 millones en intereses pendientes de devengar hasta 2030. El MEF señala que el tope de 75 salarios mínimos del Fondo de Garantía de Depósitos cubre apenas una fracción de la colocación. El MEF pide investigar “en forma autónoma o en el marco de la causa penal ya abierta”. La situación actual habla de perjuicio al banco y a sus depositantes en general. Esta denuncia suma un perjuicio concreto al patrimonio del Estado, y eso podría derivar en nuevas imputaciones o en que el Estado se presente como querellante.
La denuncia indica que además de los G. 250.000 millones de capital también se hallan otros G. 123.838 millones en intereses pendientes de devengar hasta el año 2030. La secretaría de Estado recuerda que el tope de 75 salarios mínimos del Fondo de Garantía de Depósitos cubre una mínima parte de la colocación.
LA CAUSA ABIERTA
El 2 de noviembre, el BCP resolvió iniciar el proceso de resolución del banco, tras constatar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido. El MEF pidió a la Fiscalía investigar los hechos, en forma autónoma o dentro de la causa ya abierta, identificar a los responsables y adoptar medidas para resguardar los fondos previsionales comprometidos. Se trata de excedentes de los Programas Contributivos Civiles de la Caja Fiscal, que financian jubilaciones del sector público. La cartera económica invirtió esos excedentes en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) mediante un procedimiento reglado.
El 4 de noviembre, la Fiscalía imputó a 27 personas, entre ellas el Directorio de ueno y su beneficiario final, Miguel Vázquez Villasanti. Según el acta, el banco habría otorgado créditos a sola firma a empresas del mismo grupo, desvinculadas de forma “meramente documental”. Los fondos de esos créditos se habrían desviado en horas a otras firmas vinculadas. La Superintendencia de Bancos determinó un déficit de previsiones de G. 1,62 billones.
La cronología pone el foco en la inversión estatal: los traspasos accionarios de esas empresas ocurrieron en septiembre de 2025, dos meses después del depósito del MEF.