A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía verificar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas.

La directora ejecutiva de la Agencia Nacional de Evaluación y Acredi­tación de la Educación Supe­rior (Aneaes), Adriana Pesoa, se refirió a la apertura de una causa penal para investigar las titulaciones universita­rias registradas entre 2023 y 2026 de carreras univer­sitarias que no cuentan con acreditación vigente. “Si se podría ir mucho más atrás es por eso que justamente pro­porcionamos esta información al Ministerio Público, real­mente esto es un trabajo que se podría continuar”, afirmó Pesoa en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La institución encargada de evaluar, asegurar y certifi­car la calidad de las carre­ras de grado, programas de posgrado y de las propias instituciones de educación superior, presentó días atrás una denuncia ante el Minis­terio Público, tras un pro­ceso de análisis de 138.256 títulos de grado registrados durante el citado periodo. Del total, 71.093 corresponden a carreras que no contaban con la acreditación vigente al momento del registro.

A través de la denuncia, se requirió a la Fiscalía veri­ficar títulos, certificados de estudio y constancias de prácticas vinculados a las ofertas observadas. “Queda pendiente para el Ministerio Público hacer mucho análisis sobre cada uno de los títulos, de dónde provienen, la cali­dad, si son auténticos o no, si provienen de las carreras acreditadas o no”, manifestó Pesoa.

Señaló también que “están identificadas las institucio­nes que más emitieron títu­los y bueno ya quedará a cargo del Ministerio Público poder llegar a un análisis más fino y que cada institución asuma la responsabilidad al respecto”. El informe entregado por la Aneaes coloca especial aten­ción en las carreras de acre­ditación obligatoria por ley y en las del área de la salud. Desde la institución tam­bién se había aclarado que la falta de acreditación vigente no significa, por sí sola, que todos los títulos sean irre­gulares.

De acuerdo a ese informe, existe evidencia de un patrón de evasión de los controles de calidad por parte de un con­junto de instituciones: carre­ras de acreditación obligato­ria que no se presentan a las convocatorias de la Agencia durante años, que siguen titu­lando con acreditación ven­cida o denegada, o que titu­lan desde ofertas que figuran como inactivas en el catastro del Consejo Nacional de Edu­cación Superior (Cones). Para la causa fueron designados los agentes fiscales Silvia Gonzá­lez, Laura Giacummo y Chris­tian Benítez.