El encargado de despacho de la Embajada norteamericana, Robert Alter, aclaró el alcance de la oficina que se instalará en Asunción y que podría iniciar labores a fin de año.

El Gobierno de Esta­dos Unidos enviará a Asunción un asesor antiterrorista del Departa­mento de Estado, el primero de ese tipo en la región, tal como anunció la semana pasada el Departamento de Estado. El encargado de negocios de la Embajada estadounidense, Robert Alter, amplió detalles ayer de estos acuerdos y sobre el punto específico sobre la venida de un “zar antierro­rista” indicó que la decisión no responde a un riesgo de atentados, sino al financia­miento de grupos extremis­tas a través de actividades ilí­citas que se centran en zonas como la Triple Frontera.

“Gracias a Dios, Paraguay no ha sufrido ataques como los de la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires durante los 90. Lo que sí se tiene acá es la actividad ilí­cita: el narcotráfico, el contra­bando y otras actividades que financian grupos terroristas incluso en el Medio Oriente, principalmente islámicos”, explicó Alter a un grupo de periodistas invitados –entre ellos Nación Media– ayer en la sede diplomática.

El diplomático aclaró que el enviado del gobierno de Donald Trump no tendrá funciones operativas y que su rol será meramente de ase­soría. “Es un empleado del Departamento de Estado, es un asesor. No es un agente de un cuerpo policial ni es mili­tar. Es un experto en la mate­ria y alguien que puede servir como un recurso para Paraguay”, destacó Alter. Su tarea será asesorar técnicamente a los servicios de seguridad de los países socios donde tenga responsabilidades, por lo que su alcance sería regio­nal. Su sede estará en Asun­ción, no en la Triple Frontera. “Lastimosamente tenemos demasiada experiencia en la lucha contra el terrorismo por la historia que tenemos, y tenemos lecciones apren­didas que compartir. Por eso hacemos llegar a una persona que puede intercambiar en castellano”, agregó. Remarcó además que la política anti­terrorista de cada país sigue siendo una decisión soberana. La llegada del asesor todavía no tiene fecha. Sobre si podría concretarse este año, respon­dió: “Es posible que sí, pero depende de muchos factores, algunos de los cuales no con­trolamos desde acá”, destacó finalmente.

Alter enmarcó la medida en la prioridad que la admi­nistración Trump otorga al hemisferio occidental y en la solidez del vínculo bilate­ral, que se vienen reforzando con una serie de acuerdos y memorandos que recien­temente tuvieron su punto más alto con la presencia en Paraguay del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, que sirvió para hacer impor­tantes anuncios en materia de inversión, energía y seguridad. “Es otra muestra de la enorme confianza que hay entre los países. Hemos venido constru­yendo una asociación estra­tégica más fuerte que nunca.

Es un momento de oro en nuestra relación para pro­fundizar la asociación”, afirmó. Consultado sobre si Argentina no ofrecía con­diciones similares, sostuvo que con Paraguay existe “una relación muy especial, un alineamiento entre los gobiernos”.

El encargado de Negocios, Robert Alter, definió la adhesión de Paraguay al acuerdo denominado Pax Silica como “una decla­ración de principios más que un compromiso como tal”. Según explicó, tiene valor simbólico y no tiene plazo de vigencia. Para­guay es el país número 26 en sumarse a esta alianza que rivaliza con una iniciativa que impulsa China comunista.

El diplomático se refirió además sobre el Acuerdo 123 de coopera­ción en energía nuclear civil, cuyas negociaciones recién comien­zan, dijo que no hay fecha prevista de firma. “Nuestro propósito es acompañarle a Paraguay en su propio proceso soberano de evaluar esta tecnología”, afirmó.

En cuanto al contrato entre la Ande e inversores para centros de datos (como el de Yguazú AI City (un proyecto entre Araico y Crusoe), Alter aclaró que es un acuerdo entre partes y no del Gobierno norteamericano. Las dudas sobre tarifas, plazos, uso del agua e Itaipú, según explicó deben dirigirse a las partes ya que la administración Trump no está involucrada.

“Es un proyecto de las partes mismas, no de la embajada ni del gobierno de los Estados Unidos”, sostuvo. Sobre la ley de derribo de aviones, aclaró que la legislación de su país impide brindar asistencia técnica a quienes la apliquen.