La Contraloría General de la República lleva adelante una masiva fiscalización de títulos de grado y posgrado en la función pública.
La auditoría llevada adelanta por la Contraloría General de la República abarca a ministerios, municipalidades, gobernaciones, el Poder Judicial, órganos extrapoderes y el Congreso Nacional, en el marco de una investigación por presunto fraude académico masivo.
El auditor forense de la institución, Leandro Villalba, explicó a la radio 650 AM que ya se notificó y solicitó información a 381 instituciones públicas, exigiendo la nómina completa de funcionarios profesionales junto con la documentación que respalde sus títulos académicos de grado y posgrado.
La intervención responde a un encargo directo de la Comisión de Investigación de Títulos Falsos del Poder Legislativo, la cual solicitó la mayor celeridad posible ante un eventual escándalo institucional de gran alcance. Para cumplir con el requerimiento, el organismo de control conformó tres equipos técnicos de trabajo dedicados de manera exclusiva a las verificaciones.
PROFUNDO DESORDEN
La recepción progresiva de los documentos por parte de los tres equipos técnicos evidenció de entrada un profundo desorden administrativo en el aparato estatal. El auditor confirmó la gravedad del escenario al señalar que varias entidades estatales ni siquiera contaban con registros actualizados ni legajos conformados de su personal profesional.
Tras la recopilación de los datos, la CGR inició la etapa de clasificación y ordenamiento de miles de legajos por cada universidad emisora. El objetivo central del procedimiento radica en cotejar la validez académica de cada documento directamente con los registros oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES).
Las autoridades de la Contraloría advirtieron sobre las consecuencias jurídicas que enfrentarán los implicados en este esquema de falsificación. Villalba enfatizó la postura institucional al adelantar el procedimiento posterior: “De confirmarse las irregularidades, los antecedentes y dictámenes forenses serán remitidos de inmediato al Ministerio Público”.