El juez Miguel Ángel Palacios llevará adelante la audiencia preliminar para Rafael Filizzola, luego de varias chicanas puestas por el acusado.

Tras las diversas chi­canas impulsadas por el senador del Partido Democrático Pro­gresista (PDP), Rafael Filiz­zola, finalmente la causa judi­cial que enfrenta por lesión de confianza será reencauzada con la designación del juez penal de garantías, Miguel Ángel Palacios.

El magistrado se encuen­tra a cargo del juzgado penal número 7 y será el que que fije fecha para la audiencia preli­minar, tras la cual se deberá determinar si la causa a va a juicio oral y público. Palacios fue asignado a la causa cono­cida como “comisarías de oro” mediante la vía del sorteo y luego de que Filizzola a tra­vés de su abogado José Duarte Cacavelos, haya recusado el pasado 15 de octubre al juez Yoan Paul López, por parciali­dad y falta de independencia.

La causa judicial investiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado, originado durante la gestión de Rafael Filizzola como ministro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregularidades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías.

En cuanto al proceso judi­cial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa, lo que ha evitado la reali­zación de un juicio oral y público definitivo, regis­trando sobreseimientos pre­vios en 2022 y nuevas pos­tergaciones de audiencias preliminares en medio de cuestionamientos sobre los plazos procesales.

El senador y exministro del Interior logró postergar en varias oca­siones el proceso mediante una serie de chicanas judiciales. En una de sus últimas apariciones por los pasillos del Palacio de Justi­cia, se le había notado a Filizzola muy nervioso e incluso se dirigió de forma altanera a la prensa.

Ante la consulta del periodista de judiciales de Nación Media sobre su postura de eludir un juicio oral y público si realmente asume su inocencia, Filizzola respondió que “tiene un costo económico y personal tremendo, es una cuestión de orden público; la prescripción es una institución que justamente obliga al Estado y garantiza a toda persona en un tiempo opor­tuno. Yo soy abogado, tengo que actuar y ejercer mi defensa de acuerdo a lo que dice la ley”.

Ante la insistencia del periodista sobre este punto respondió de manera alterada: “El sobreseimiento es el sobreseimiento. ¿Me vas a dejar hablar? Te pregunto si me vas a dejar hablar. Además, estoy apurado porque me tengo que ir a cumplir con mis deberes”.