Fiscal Teresa Sosa planteó que Cones debería suspender temporalmente nuevas habilitaciones de carreras e instituciones privadas.

La fiscala Teresa Sosa denunció que el esquema de títulos falsos cuenta con protección política en el país, condición que, sumada a las graves fallas de fiscalización en el Minis­terio de Educación y Ciencias (MEC) y el Consejo Nacio­nalde Educación Superior (Cones), permitió que esta práctica irregular se exten­diera de forma impune con el tiempo. La representante del Ministerio Público sos­tuvo que la inacción no es reciente, sino que deviene de administraciones anteriores y se ha idoagravando progre­sivamente. “Si no tuviera pro­tección política, los controles funcionarían”, aseveró.

Sosa planteó que el Cones debería suspender tempo­ralmente nuevas habilitacio­nes de carreras e instituciones privadas mientras ejecuta un proceso de auditoría integral a las universidades e institutos ya autorizados, para verificar si operan eficazmente y cum­plen con las exigencias lega­les. En relación con el ámbito administrativo del MEC, exi­gió reestructurar los procesos de verificación, criticando que el área encargada de otorgar la matrícula profesional ya no comprueba la autenticidad previa del registro de títulos, lo que posibilita la obtención de licencias a partir de docu­mentación apócrifa. “Esta es un área que depende direc­tamente del viceministerio de Educación”, puntualizó la fiscala.

Respecto a las conductas punibles indagadas por la Fiscalía, la agente del fuero penal detalló que la pesquisa abarca delitos contra la prueba documental y el patrimonio, con énfasis en la producción de documentos no auténticos y estafa, mecanismos mediante los cuales los implicados obtu­vieron lucrativos beneficios económicos. No obstante, al ser consultada sobre la even­tual tipificación de asociación criminal, Sosa aclaró que en la causa a su cargo no se han iden­tificado elementos suficientes para sostener dicho tipo penal.

En el plano procesal, las evi­dencias colectadas por el Ministerio Público demues­tran cómo se vulneraron los mecanismos de control esta­tales para insertar en el mer­cado profesional a personas sin el debido respaldo aca­démico.

Las pesquisas revelan un lucrativo negocio montado a expensas de la fe pública, en el que se fraguaron actas, certifi­cados y registros oficiales con total complicidad de estruc­turas intermedias, afectando directamente la credibilidad del sistema educativo nacio­nal y la seguridad en el ejerci­cio de profesiones sensibles.