La iniciativa popular plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

La abogada, espe­cialista en derecho penal, gobernabili­dad, gerencia política y ges­tión pública Dannia Ríos Nacif defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elabora­ción, distribución, promo­ción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Invitación al canal de WhatsApp de La Nación PY

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico pro­tegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca prote­ger el derecho constitucio­nal del niño, contemplado en el artículo 54 de la Cons­titución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funciona­rios y autoridades, a garanti­zarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

SE AGREGA FIGURA PENAL

Detalló que la incorpora­ción del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipifica­das en los artículos 135a y 135b.

“Se mantienen según la ley vigente (Ley n.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestiona­miento de la senadora opo­sitora Esperanza Martínez, quien sostiene que la inicia­tiva adolece de serios proble­mas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexua­les, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se man­tienen conforme a la ley vigente (Ley n.º 7394/24).

El texto se elaboró origi­nalmente en el año 2023 y, mediante el trámite corres­pondiente, será incorporado al marco legal vigente”. Agregó que “en cuanto a la constitu­cionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar dere­chos de adultos para intro­ducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el inte­rés superior del niño”.

NO PROHÍBE ACCESO A LA INFORMACIÓN

Consultada sobre si el pro­yecto apunta a impedir toda forma de acceso a la infor­mación sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad.

Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aque­llos contenidos que inter­fieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

SECTORES QUE APOYAN LA PROPUESTA

La iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitu­ción Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizacio­nes como Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confe­sionales, sectores de la Iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó Ríos.

REQUIEREN CELERIDAD AL CONGRESO

La abogada puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y apro­bado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumpli­miento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.

Déjanos tus comentarios en Voiz