La fiscalización fue realizada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos.

“Esta es una reali­dad perversa”, dijo el contra­lor general de la República, Camilo Benítez, tras la finali­zación de una auditoría reali­zada por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de 1.090 funcio­narios públicos con presuntos títulos falsos.

La fiscalización fue reali­zada en el plazo de 45 días por pedido de la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos fal­sos, encabezada por el sena­dor colorado Patrick Kemper. “Este es un pedido expreso de la comisión y representa un avance. Nosotros nos había­mos comprometido a termi­nar esta fiscalización en 45 días y nos encontramos con esta realidad”, refirió Benítez a los medios de comunicación.

Además, mencionó que el trabajo implicó toda la tra­zabilidad de los títulos uni­versitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Con­sejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). “Hubo mucha colaboración por parte del ministro de Educación y Ciencias, Luis

Ramírez, quien personal­mente se fue a la Contraloría a tratar de aportar la mayor información posible para poder transparentar todo este proceso, reconozco esto por­que parte del informe apunta a una responsabilidad de su ministerio”, comentó.

Ante este escenario, Benítez cuestionó duramente el des­empeño del Cones, al argu­mentar que la institución “no cumple de manera mínima con su misión y digo esto por­que existen muchas univer­sidades, facultades, carreras que la gente cursa y que no se encuentran habilitadas. La ley le obliga al Cones a estable­cer medidas de sanción como una clausura o intervención”.

Señaló también que el pro­ceso de fiscalización expuso la carencia del Cones en infraes­tructura y recursos humanos, ya que el ente contó con difi­cultades para proveer infor­maciones a la Contraloría.

“Si no pueden responder, mucho menos tendrán la capacidad de controlar a las universidades. Vemos tam­bién que muchos títulos fue­ron reconocidos por el MEC sin haber hecho ninguna debida diligencia de control antes de emitir o reconocer. El colmo de esto se dio con la presencia de más de 1.000 funcionarios públicos cuyas universidades dicen que no estudiaron una carrera allí”, puntualizó.