El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19.

El exintendente de Ciu­dad del Este y diri­gente opositor aspi­rante a la Presidencia de la República Miguel Prieto se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, admi­nistración en provecho pro­pio y asociación criminal en el caso judicial conocido como Tajy, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Hum­berto Otazú.

Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia prelimi­nar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fue­ron entregadas, lo que cons­tituye un hecho de corrup­ción y un perjuicio a las arcas del municipio.

“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la inten­dencia municipal de Ciudad del Este, un grupo perma­nente de funcionarios orga­nizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su cali­dad de ordenador de gas­tos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como prin­cipal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.

El proceso judicial que enfrenta el dirigente oposi­tor se originó durante la pan­demia del covid-19. La impu­tación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Cor­beta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la cali­dad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, pro­movió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de pani­ficados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.