El exministro evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de trabas para impedir el avance de su causa judicial.

En un evidente estado de nerviosismo ante los medios de comu­nicación, el senador del Partido Democrático Pro­gresista (PDP), Rafael Fili­zzola, alegó ayer miérco­les no haber generado al Estado un daño patrimo­nial de G. 1.200 millones durante su administración como ministro del Interior (2008-2011). Sin embargo, evitó exponer elementos sólidos que justifiquen la sucesión de chicanas des­tinadas a impedir el avance de su proceso judicial en el marco del caso conocido como “comisarías de oro”.

“No hubo delito”, alegó ini­cialmente el legislador de la oposición, quien en compa­ñía de su abogado, Guillermo Duarte Cacavelos, logró pos­tergar para hoy a las 9:00 el desarrollo de su audiencia preliminar, fijada inicial­mente ante el juez penal de Garantías Yoan Paúl López.

Ante la consulta del perio­dista de judiciales de Nación Media, Aldo Insfrán, sobre su postura de eludir un jui­cio oral y público si real­mente asume su inocencia, Filizzola respondió que “tiene un costo económico y personal tremendo, es una cuestión de orden público; la prescripción es una ins­titución que justamente obliga al Estado y garantiza a toda persona en un tiempo oportuno. Yo soy abogado, tengo que actuar y ejercer mi defensa de acuerdo a lo que dice la ley”.

Ante la insistencia del perio­dista acerca de si sus sobre­seimientos previos respon­dían a la inexistencia del perjuicio o a la aplicación de chicanas procesales, el parlamentario reaccionó de manera alterada: “El sobreseimiento es el sobre­seimiento. ¿Me vas a dejar hablar? Te pregunto si me vas a dejar hablar. Además, estoy apurado porque me tengo que ir a cumplir con mis deberes”.

Finalmente, el legislador cuestionó la continuidad de la causa judicial: “Qué es lo que pretenden, tenerme procesado indefinidamente. Nadie, ninguna persona puede ser sometida de esta manera”, refirió, mientras la defensa sigue dilatando los plazos de la justicia.

El caso conocido como “comisarías de oro” inves­tiga una supuesta lesión de confianza y un perjuicio patrimonial de aproxima­damente 1.200 millones de guaraníes al Estado, origi­nado durante la gestión de Rafael Filizzola como minis­tro del Interior (2008-2011) a raíz de presuntas irregu­laridades en la adjudicación y construcción de obras en comisarías. En cuanto al proceso judicial, este se ha visto dilatado durante años mediante una serie sucesiva de chicanas interpuestas por la defensa.