La defensa del senador presentó una acción de inconstitucionalidad ante la máxima instancia judicial para no someterse a la audiencia preliminar.

El senador y exminis­tro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, sigue presentando un carnaval de chicanas en busca de impunidad en el proceso penal que enfrenta. Esta vez, Filizzola promovió una acción de inconstitucio­nalidad ante la Sala Constitu­cional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del exsecretario de Estado.

El escrito presentado por la abogada María José Caba­llero Burgos, defensora de Filizzola, sostiene que el fallo del Tribunal de Apela­ción adolece de arbitrarie­dad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitu­ción Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fun­dada en la Constitución y las leyes.

Con la presentación hecha por Filizzola, el mismo pre­tende suspender la realiza­ción de la audiencia prelimi­nar fijada para este miércoles ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López. El citado magistrado ya pidió infor­mes al secretario de la Sala Constitucional para consta­tar si existe tal presentación.

Días atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Pri­mera Sala de la capital, resolvió revocar la resolu­ción por la cual el juez penal de Garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro.

De esta manera, el proceso por lesión de confianza con­tra Filizzola debe conti­nuar vigente y deberá avan­zar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recu­saciones y acciones plan­teado durante la tramita­ción de la causa.

Según el tribunal, esta con­catenación de actuaciones impidió la prosecución ordi­naria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescrip­ción. El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y cel­das en 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.