La empresa adjudicada Tía Chela no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.

El agente fiscal Silvio Cor­beta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sus­tentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarro­lla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documen­tos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.

El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observa­dor, que los informes de la Dirección Nacional de Con­trataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al proce­dimiento utilizado. También señaló que la empresa adju­dicada Tía Chela no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.

Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.

“Para nosotros, como Minis­terio Público, es una licita­ción fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la tota­lidad de las mercaderías que figuran en las documenta­ciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subje­tiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompa­ñan”, precisó.

El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sus­tentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabi­lidad, y se pudo detectar que Tía Chela no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuesta­mente se hicieron estas notas de recepción.

Asimismo, mencionó ade­más que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vin­culado a acciones de prevención y mitigación del coro­navirus. Indicó que esas adquisiciones podían reali­zarse mediante una licita­ción pública para garantizar mayor transparencia.