El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o personal que preste servicios en centros penitenciarios.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que modifica y amplía el artículo 294 del Código Penal Para­guayo para endurecer las sanciones por la liberación de personas privadas de liber­tad. Impulsada por el dipu­tado Yamil Esgaib, la inicia­tiva completó su estudio en particular durante la sesión ordinaria de este martes y fue remitida a la Cámara de Sena­dores para su revisión consti­tucional.

El texto aprobado sanciona con hasta cinco años de pri­sión o multa a quien libere a un interno, lo induzca a la fuga o le preste apoyo logístico para consumarla, extendiendo la punibilidad a la etapa de ten­tativa. Con este reajuste, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales de la norma­tiva vigente e inhibir el auxilio externo que suelen recibir los reclusos de alta peligrosidad.

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El proyecto incorpora un agravante severo cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o perso­nal que preste servicios en centros penitenciarios con la obligación explícita de evitar la evasión. Para estos casos, en los que exista violación del deber de custodia, la pena pri­vativa de libertad se eleva de 5 a 15 años de cárcel, eliminando la opción de multas sustitu­tivas.

La exposición de motivos señala que las evasiones regis­tradas en el país responden mayoritariamente a esque­mas de corrupción promovi­dos por organizaciones cri­minales. según el documento, los grupos delictivos aprove­chan la baja expectativa de pena prevista en la legislación actual para cooptar mediante sobornos o amenazas al per­sonal de seguridad y agentes del orden.

Asimismo, la propuesta intro­duce el concepto de “fuga masiva” como circunstancia agravante, definida como la liberación planificada o simul­tánea de más de un interno. Tras conseguir el respaldo del pleno en la Cámara Baja, el proyecto pasa a considera­ción del Senado, donde se eva­luará la ratificación del nuevo marco punitivo contra la com­plicidad penitenciaria.

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