El Ministerio Público presentó sus alegatos iniciales donde se ratificó que existió un perjuicio de más de G. 2.130 millones en Ciudad del Este.

La Fiscalía va a demostrar con pruebas que serán producidas en el juicio oral que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto encabezó entre marzo y julio de 2020 un enorme esquema para el desvío de fondos muni­cipales en la compra ficticia de kits de alimentos para familias vulnerables. Así lo señaló la agente fiscal Verónica Valdez al momento de presentar sus ale­gatos iniciales en el marco del juicio oral que enfrenta Prieto y otros acusados por lesión de confianza y asociación crimi­nal en el caso conocido como Tía Chela.

De acuerdo con el Ministerio Público, el supuesto esquema estaba conformado por fun­cionarios municipales a cargo del entonces jefe comunal y terceras personas. El modus operandi consistió en una lici­tación por vía de la excepción para la adquisición de canas­tas básicas destinadas a per­sonas de escasos recursos afectadas por la pandemia de covid-19. La fiscala Val­dez señaló que la licitación habría estado direccionada hacia la empresa Tía Chela SRL, a la que la Municipali­dad de Ciudad del Este pagó G. 2.949.650.000 por 25.000 kits alimenticios.

La representante del Minis­terio Público sostuvo que no existió una contraprestación equivalente debido a que la entrega de los kits habría sido parcial. En consecuencia, la comuna habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.160. Valdez agregó que, para llegar a ese resul­tado, se habría realizado una serie de actos administrati­vos por parte de funcionarios bajo la dirección de Prieto.

La audiencia oral proseguirá este martes a las 8:30 con la presentación de los alega­tos iniciales por parte de la defensa del principal acusado y los demás procesados.

Destituido por supuestos hechos de corrupción, Prieto ahora deberá enfrentar dos casos más ante la Justicia.

Prieto deberá enfrentar un segundo juicio oral por lesión de confianza, admi­nistración en provecho pro­pio y asociación criminal, tras un perjuicio patrimo­nial estimado en más de 300 millones de guaraníes.

Así lo resolvió el juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público el denomi­nado Caso Tajy. Igualmente, el exjefe comunal soporta un tercer caso penal junto a otras 10 personas por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en una investigación vinculada al uso de fondos municipales desti­nados a obras en el Hospi­tal Regional de la capital de Alto Paraná.

En este proceso, siete de los once imputados ya admitie­ron los hechos de corrup­ción, lo que robustece la teo­ría del Ministerio Público.

El perjuicio patrimonial en esta tercera causa sería de G. 757 millones por trabajos que no se realizaron correc­tamente entre diciembre de 2019 y agosto de 2022. La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este.

Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edili­cia dentro del mencionado centro médico.