Seis procesados admitieron los hechos imputados, devolverán parte del perjuicio y se salvan de ir a juicio oral.

El juez Humberto Otazú hizo lugar a la suspensión condicio­nal del procedimiento de seis procesados por lesión de con­fianza en el caso que involucra a Miguel Prieto por el pago por obras inexistentes financiadas por el Consejo Local de Salud de la comuna de Alto Paraná que ocasionó un perjuicio de G. 757 millones.

La resolución del magistrado Otazú representa un golpe letal a la estrategia de defensa de Miguel Prieto. Cuando sus excolaboradores más cerca­nos (incluyendo a la exsecre­taria y al extesorero del Con­sejo de Salud) deciden admitir formalmente los hechos de corrupción para evitar la cár­cel, la narrativa de la “perse­cución política” –un recurso habitual en el discurso de Prieto– pierde toda fuerza jurídica.

El escenario es críticamente desfavorable para el exin­tendente por varias razones debido a que al aceptar los seis procesados la suspen­sión condicional, los mismos confirman que las obras por valor de G. 757 millones eran, en efecto, inexistentes y que el dinero público se desvió de forma irregular.

Asimismo Prieto se queda prácticamente solo en el ban­quillo de los acusados junto a dos personas más. Con la confesión de los mandos medios, el Ministerio Público tiene el camino allanado para demostrar que el exjefe comunal fue el ordenador de los gastos y el principal res­ponsable del perjuicio.

Los que fueron beneficiados con la salida procesal tras admitir los hechos de corrup­ción y tendrán que devolver la suma de G. 50 millones cada uno son Lucia Lisboa, exse­cretaria del consejo de Salud; Salem Esgaib Zugaib, exte­sorero del Consejo; y contra Karen González, Fredy Guz­mán, Sonia Barrios y Hugo Benítez. En total los seis pro­cesados devolverán la suma de G. 300 millones.

El pasado 5 de setiembre los agentes fiscales Silvio Cor­beta, Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez pre­sentaron la acusación con­tra el dirigente opositor y sus excolaboradores ante el Juzgado Penal de Garan­tías de Delitos Económicos 1° turno.

La acusación revela que Prieto ordenó transferencias a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este. Una parte importante de estos recursos se habría destinado supuestamente a la inversión física y edilicia den­tro del mencionado centro médico. Según la Fiscalía, los desembolsos se realizaron sin designar a un fiscalizador de obras, sin contar con los dic­támenes pertinentes que cer­tificaran la ejecución efectiva de los trabajos, sin planifica­ción previa y sin adecuarse a los mecanismos legales previstos.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contra­taciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad téc­nica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados. Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación fiscal demuestra que una de las firmas beneficia­das con millonarios anticipos financieros operaba, en la prác­tica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.