La emergencia en IPS debe priorizar urgencias del asegurado por el desabastecimiento de medicamentos y la necesidad de mejora de la infraestructura sanitaria. Esto exige aún más compromiso en el criterio de las inversiones de la previsional, para evitar excesos financieros que pudieran ocasionarse con iniciativas que traigan aparejadas la concentración de fondos por encima de los topes establecidos.

La transparencia y el blindaje de los fon­dos jubilatorios deben constituirse en el principio y el fin de cualquier proyecto que apunte a resolver la situación de emergencia del Instituto de Previsión Social (IPS), como el que hoy mantiene en debate a los legisladores.

El proyecto de Ley “por la que se declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social (IPS) por desabastecimiento de medica­mentos esenciales, problemas en infraestructura edilicia, y fallas en ascensores del hospi­tal central, facultando adqui­siciones, obras y contratación de personal, así como compras directas” que se inició en Dipu­tados tuvo algunos ajustes en el proceso que, prácticamente, sacaron la esencia del objetivo.

El proyecto fue adecuado a una Ley “que declara estado de emergencia en el Instituto de Previsión Social y establece un régimen extraordinario para el saneamiento financiero y la protección del Fondo de Enfer­medad y Maternidad”. Dos artículos incorporados el (17 y 18) ponen en tabla de discu­sión la forma de computar los límites de colocación por enti­dad financiera que, en la prác­tica permitiría al IPS mante­ner y ampliar su exposición en una entidad financiera por encima del tope del 10 %, situa­ción que ya viene sucediendo y en noviembre de 2025 llegó al 11,41 %.

La concentración de los fondos de IPS en una entidad banca­ria significan G. 5,1 billones en depósitos públicos, el mayor volumen entre bancos priva­dos del país.

Si avanzan los ajustes intro­ducidos al proyecto que, en principio buscaba soluciones de emergencia, las autorida­des de la previsional contarán con una licencia que les habi­lita a realizar depósitos de manera discrecional pasando por encima de la Ley de Super­intendencia de Pensiones y el límite de riesgos estipulados para proteger recursos de los jubilados.

El Congreso está ante una decisión clave y el sanea­miento financiero del IPS como de cualquier otra entidad requiere, ante todo, cautela.

El foco del “saneamiento financiero” debe proteger el patrimonio de los aportantes y en este sentido, varios enten­didos consultados coinciden en el riesgo que significa una ley que cambie la métrica de los límites prudenciales de colo­cación de los fondos.

Analistas consultados insis­ten en que el criterio “para invertir los fondos jubilato­rios debe ser solvencia y diver­sificación de riesgo, no ajus­tarse a la situación de una entidad puntual”. Esto se tra­duce en que cualquier banco que busque captar recursos de la previsional debe suje­tarse al estándar prudencial y sin excepciones legislativas hechas a medida.